En libertad con cargos todos los detenidos por preparar el referéndum en Cataluña
- El magistrado imputa a todos los arrestados los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación,
- El juez ha impuesto a los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó la obligación de comparecer semanalmente.
- Protestas contra las detenciones por el 1-O frente a la sede del TSJC.
- Te contamos minuto a minuto lo que ocurre en relación al desafío independentista.
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a todos detenidos por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, entre ellos a los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Después de que este jueves la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a ocho personas, este viernes el juez ha hecho lo mismo con otras seis, entre ellas Jové y Salvadó. De esta forma, los catorce arrestados este miércoles por organizar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.
En un principio, el magistrado imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuía a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
Tanto a Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.
El propio Junqueras, así como varios consellers y cargos de ERC, se han desplazado hasta la Ciutat de la Justícia para apoyar a Salvadó y a Jové, cuyas defensas han solicitado la recusación del juez instructor por cuestionar su imparcialidad, una petición que resolverá la Audiencia de Barcelona.
Se da la circunstancia de que el Gobierno catalán ha decidido este viernes destituir a Jové como secretario general del departamento de Economía, en un intento de evitar que tenga que afrontar la multa de 12.000 euros diarios que le ha impuesto el Tribunal Constitucional.
Los seis detenidos que han pasado este viernes a disposición judicial se han acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. No han contestado, por tanto, ni las preguntas de la Fiscalía ni las del propio juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Tras comparecer ante el juez han quedado libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat. En la misma situación están el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d'Administració Oberta Juan Manuel Gómez.
En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el alto tribunal.
Entre el miércoles y el jueves el juzgado de guardia de Barcelona recibió siete hábeas corpus, que desestimó en todos los casos, entendiendo que las detenciones se hicieron de acuerdo con la legalidad, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por su parte, el juzgado de guardia de Martorell (Barcelona) tramitó la petición de tres hábeas corpus que finalmente también desestimó, al considerar ajustadas a derecho las detenciones dentro del marco de una investigación judicial.