El Congreso pide limitar los vetos del Gobierno a leyes de la oposición y el PSOE acude al TC

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y grupos nacionalistas como PDeCAT y PNV, admitir a trámite una proposición de reforma del reglamento de la Cámara Baja que limitaría la capacidad de veto del Gobierno para impedir la tramitación de iniciativas de la oposición por motivos económicos. El PP y Ciudadanos se pronunciaron en contra.

Hasta la fecha, denuncian los grupos de la oposición, el Ejecutivo de Rajoy ha empleado en más de cuarenta ocasiones su facultad de vetar la admisión a trámite de las proposiciones de ley de la oposición o de parlamentos autonómicos que suponen un incremento de gasto o una reducción de los ingresos. Aunque esa capacidad está recogida en la Constitución, la oposición acusa el Gobierno de usarla de forma indiscriminada.

En concreto, el artículo 134.6 de la Constitución dice que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". El 126.2 del Reglamento del Congreso especifica que, cuando se presenta una proposición de ley, la Mesa la remite al Ejecutivo, que tiene 30 días para pronunciarse. Si se opone, la iniciativa decae y no se tramita.

La propuesta de reforma de Unidos Podemos obligaría al Gobierno a motivar de forma exhaustiva cada veto. Además, solo podría aducir un aumento del gasto o la disminución del ingreso referido al ejercicio presupuestario en curso. Finalmente, si algún grupo lo solicitase, la Mesa también podría pedir a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales que elaborase un informe sobre el verdadero impacto presupuestario de la norma.

Durante el debate en el hemiciclo, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, denunció que "el Gobierno" y los "grupos afines interesados en que nada cambie" han convertido la "norma" en "una trampa". Según Montero, el Ejecutivo de Rajoy emplea de forma "abusiva", "ilícita" e "indecente" la capacidad de veto, "vulnerando la separación de poderes", evitando que "el legislativo legisle" y creando un "conflicto" entre poder ejecutivo y legislativo.

Por el PSOE, el diputado Ciprià Císcar sostuvo que el artículo 134 de la Constitución y el 126 del Reglamento del Congreso "nunca habían sido objeto de controversia" hasta que el Gobierno del PP, con la connivencia de la mayoría de la Mesa, decidió realizar una "arbitraria" y "desproporcionada utilización" de su facultad de veto, lo que condiciona "absolutamente" la "capacidad legislativa de las Cortes".

Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), por su parte, defendió el voto en contra de su partido porque "no es el momento adecuado" de modificar el reglamento mientras el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, que es el margen que el Gobierno tiene para impedir la tramitación de iniciativas. Además, dijo que "la facultad de veto" del Gobierno "no está ahí por un capricho", sino porque "la ley más importante son los presupuestos".

También votó en contra el PP, cuya diputada Isabel Borrego dijo que la iniciativa de Unidos Podemos es una "modificación encubierta de la Constitución" que provocaría una "falta de respeto a la división de poderes" y que pretende una "interferencia en el poder ejecutivo desde el Congreso". Según Borrego, las iniciativas vetadas habrían supuesto un gasto extra de "más de 80.000 millones e euros".

El grupo parlamentario socialista, también este martes, anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a una proposición de ley que había registrado para que los familiares que viven en una misma residencia de mayores pierdan la pensión no contributiva. El PSOE considera que es "inadmisible" que el Ejecutuvo vete la tramitación de esa norma.

El PSOE dice que promovió esta iniciativa para evitar casos como el de dos hermanas de Soria que se ven obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia para no perder su pensión no contributiva, de cerca de 380 euros, porque al residir juntas se las considera "unidad de convivencia". Los socialistas piden no considerar unidad de convivencia a los familiares de segundo o tercer grado que convivan en una residencia.

El Ejecutivo, sin embargo, ha vetado que esa iniciativa se tramite con el argumento de que supondría incrementar el gasto público. Los socialistas denuncian que, con este, son ya 46 los vetos realizados por el Gobierno a iniciativas de grupos y parlamentos autonómicos. La pasada semana, fuentes socialistas ya avanzaron que barajaban acudir al tribunal de garantías, si bien el TC podría tardar "años" en emitir un fallo.

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, acusó en la sesión plenaria del pasado miércoles a Mariano Rajoy de poner "todo tipo de vetos" a leyes que "afectan a los derechos de los trabajadores y de personas desfavorecidas". El presidente replicó que, de haberse aprobado todas las iniciativas de la oposición esta legislatura, el déficit se habría incrementado en tres puntos.