El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, incide en el recurso contra el archivo del caso de los aparcamientos que construía Enrique Ortiz en «la amistad personal y familiar entre el alcalde y Ortiz», algo que considera «fundamental» para interpretar la presunta malversación de caudales públicos. «El perjuicio económico» causado al Ayuntamiento por la modificación del proyecto asciende a casi tres millones de euros. Y considera culpables de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida al alcalde, dos ediles, el empresario y un técnico municipal.
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