El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña han presentado este martes una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del Partido Popular de Mariano Rajoy.

A todos ellos, les atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor, de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Según han explicado los responsables de las asociaciones demandantes, se presenta esta querella, registrada la semana pasada, porque "presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito" de ciertas personas, y porque tanto los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay "anomalías" donde hay políticos implicados, por lo que todo ellos "se tiene que investigar".

En concreto, se han querellado contra el exministro de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y turismo José Manuel Soria (PP) y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa.

También acusan al exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la mercantil ESCAL UGS S.L, que tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L, Recaredo del Potro; al exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo, Ignasi Nieto.

En la concesión para la construcción del proyecto Castor se estableció un polémico artículo en el que se contemplaba la posibilidad de indemnización incluso en el caso de dolo o negligencia. Es decir, que la indemnización se concedería aún si la empresa era consciente del delito cometido y de su posible daño.

La inclusión de este artículo, según las asociaciones denunciantes, buscaba garantizar la inversión de empresas como ACS a costa de aceptar "un nivel de riesgo para la seguridad y salud pública que se consentía en un marco de dolo y negligencia de la empresa responsable".