La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reaparece este lunes a las 11.30 horas en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, después de la polémica suscitada la pasada semana en la que se le acusa de haber falsificado sus notas en un máster cursado entre 2011 y 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos I.

A la espera de que la presidenta o la propia universidad madrileña aclaren qué ocurrió con las notas de dos asignaturas, la polémica en torno a su máster universitario se ha convertido ya en una nueva piedra en el camino de la única baronesa autonómica del PP, una política que cultiva la imagen de contundencia contra la corrupción y cuyo nombre figura desde hace años en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Las malas noticias sobre su último paso por la universidad, entre 2011 y 2012, llegaron justo un día después de la comparecencia de Cifuentes ante la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP. A su llegada, admitía no saber por qué había sido llamada. “No entiendo por qué me hacen comparecer, que se utilice el Congreso para tratar de dar altavoz a un presunto delincuente”, decía a su llegada en relación a las acusaciones vertidas por Francisco Granados –exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero, que pasó casi tres años en prisión imputado por delitos relacionados con corrupción-.

Cifuentes volvió a desvincularse de las finanzas del PP y de cualquier presunta financiación irregular de su partido. Este día, se medía con un contrincante en peor posición que ella: Granados, a espera de juicio e implicado en varios casos de corrupción. En el otro extremo, una política que hace gala de no tener ni siquiera grandes ahorros después de una dilatada carrera y que achaca tener que ir a declarar en el Congreso al intento de “desgastarla” políticamente por parte de quienes no pueden con ella de ninguna otra manera.

Se refería, se supone, a la oposición. En 2015, a PSOE y Podemos les faltó un escaño para sumar la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid y vieron cómo Cifuentes forjaba con Ciudadanos un acuerdo de investidura con el que respaldaba la nueva etapa que se abría en el PP de Madrid. Con Esperanza Aguirre, Granados e Ignacio González apartados, ella llegaba firmando con los de Albert Rivera un pacto que, entre otras cosas, la obligaba a hacer dimitir a cualquier diputado o consejero imputado o, paradojas de la vida, “la separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o cualificación profesional o académica”.

Su acuerdo con Ciudadanos obligó a Cifuentes a dejar caer a diputados, altos cargos de su gobierno y hasta a su consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada o el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, por relación la relación de ambos con Púnica. Existe un elocuente conteo de las dimisiones de diputados de Cifuentes desde 2015, relacionados o no con presuntos casos de corrupción, que el año pasado indicaba que para ocupar los 48 escaños que tiene el PP, la lista ha corrido hasta el puesto 69 para suplir las sucesivas bajas.

De puertas para dentro del PP, Cifuentes también ha tenido que apagar fuegos. En primer lugar, hacerse con las riendas del PP de Madrid exigió desvincularse de su “jefa” durante décadas, Esperanza Aguirre, y de su antecesor, Ignacio González, a quien no dudó en denunciar a la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.

Fuera de Madrid pero sin salir del PP, una de las cosas que más lastran a Cifuentes es su presencia en las quinielas para la sucesión de Rajoy que hace que, como otros posibles delfines, en ocasiones se haya visto disparada por fuego amigo.  Así, en la polémica universitaria de los últimos días, se ha prestado atención a quién la apoyaba en público y quién no. Rajoy no quiso pronunciarse al respecto en los pasillos del Congreso, mientras que  la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, la respaldó con un contundente –e inusual- tuit:

En las próximas semanas, Cifuentes tendrá que superar una nueva prueba, en el Pleno que tanto PSOE, Podemos y Ciudadanos han pedido convocar para que explique las presuntas irregularidades en la obtención de su título del Máster Derecho Público del Estado Autonómico.

La convocatoria tiene de especial que su socio de investidura, que en otras ocasiones ha rechazado iniciativas de este tipo por parte de la izquierda, ahora también se ha sumado para que, como exigió Albert Rivera, “no se esconda” y aclare las dudas. Su portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, fue más allá y aseguró que a Ciudadanos “no le temblará la mano si hay que tomar una decisión contundente”, es decir, retirar su apoyo al Gobierno de Cifuentes.

En todo caso, la presidenta madrileña no tiene ninguna intención de tirar la toalla. Después de, según sus colaboradores, pasar un día entero buscando documentos que pudieran aclarar el embrollo de su máster, Cifuentes volvió a hacer uso de las redes sociales a las que es tan aficionada para lanzar una clara advertencia. Al final del día, tuiteó un video en el que hablaba de “un ataque que va más allá de lo político”. “Si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, mentiras o medio verdades van a conseguir que yo de un paso atrás, no pueden estar más equivocados. Para atrás, ni para coger carrera”.