El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha registrado la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la "vulneración" de sus derechos políticos en España, pero esto no quiere decir que haya sido admitido a trámite, dado que este es un proceso que puede durar entre dos y cinco años.
La abogada de Puigdemont, Rachel Lindon, presentó el pasado 1 de marzo una demanda ante el Comité, el órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados parte.
La demanda alega que España "ha violado sus obligaciones" como Estado parte de dicha Convención "por haber impuesto restricciones desproporcionadas e injustificadas al ejercicio a los derechos políticos" de Puigdemont.
Esta demanda fue registrada el lunes 26 de marzo, pero esto no implica que la queja haya sido admitida a trámite, dado que antes deben darse dos pasos más.
La secretaría del Comité ha informado a España del registro de la queja, y ahora el país tiene seis meses para contestar.
Una vez que España haya respondido a la demanda, el Comité transmitirá las alegaciones a la abogada de Puigdemont y ambos, el demandante (el expresidente catalán) y el demandado (España), podrán hacer comentarios al respecto.
Cuando todas las partes hayan concluido con sus observaciones, proceso que puede durar meses, el Comité -formado por expertos independientes en derechos humanos- se reunirá a evaluar la posible admisión de la demanda.
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