El mensaje en el que el comandante en jefe del Ejército brasileño, Eduardo Villas-Boas, manifestó su "repudio a la impunidad" en vísperas del juicio que decide la suerte del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó la tensión política en Brasil, pese a que tanto Gobierno como aliados del exmandatario intentaron restarle importancia.

"Aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia", dijo el martes el máximo comandante del Ejército en un polémico mensaje en su cuenta en Twitter, en la que tiene 130.000 seguidores.

La declaración del oficial, respaldada rápidamente por varios de sus subordinados, fue interpretada por algunos congresistas como una indebida presión sobre los miembros de la Corte Suprema que juzgaban este miércoles el recurso presentado por la defensa del expresidente y, por otros, como una amenaza de golpe de Estado.

La crítica más contundente a la aparente amenaza del general partió del exprocurador general de la República Rodrigo Janot, para quien la declaración no fue "buena". "Si es lo que parece, otro 1964 será inaceptable", dijo Janot en referencia al golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Brasil (1964-1985).

Igualmente emitieron su alerta organizaciones como Amnistía Internacional y un grupo de 150 juristas, abogados y defensores públicos, que, en un manifiesto, rechazaron "declaraciones que evocan actos de fuerza y configuran una clara interferencia en la Corte Suprema, algo que no ocurría desde la dictadura militar".

Pero fue el propio Gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT), la formación de izquierda liderada por Lula, los que más se esforzaron por restarle fuerza a la declaración del oficial. El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, que hasta febrero pasado era superior de Villas Boas como ministro de Defensa, fue uno de los pocos miembros del Gobierno en pronunciarse y lo hizo para defender el carácter democrático del militar.

"Las palabras del general Villas Boas representan básicamente la defensa de la institucionalidad, la defensa de la Constitución y, sobre todo, la noción de que la regla del juego es para ser cumplida y que tiene que ser aceptada", afirmó el ministro. Jungmann dijo que las fuerzas políticas que quieren un "retorno al pasado" (en referencia al régimen militar) son "absolutamente minoritarias" y descartó la posibilidad de un golpe militar en Brasil. "De 0 a 10, la posibilidad es -1. No hay la menor posibilidad. Las Fuerzas Armadas son un activo democrático hoy", dijo.

Por su parte, la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, acusó a la red Globo de televisión de tergiversar la declaración del oficial en un intento de presionar a los magistrados para que se pronuncien contra el hábeas corpus solicitado por Lula.

Mientras, miles de brasileños se manifestaron este miércoles a favor y en contra de Lula da Silva en al menos 16 de los 27 estados del país mientras la Corte Suprema decide si le concede el "habeas corpus" que le alejaría de la prisión tras ser condenado por corrupción.

En la capital del país, Brasilia, donde este miércoles se desplegó un amplio dispositivo de seguridad con unos 4.000 policías en su zona central, se reunieron tanto simpatizantes como detractores del líder del Partido de los Trabajadores (PT). La Policía Militarizada contabilizó unos 4.000 manifestantes de ambas corrientes en los alrededores de la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se encuentran todos los edificios del poder público, incluidos el Palacio presidencial, el Congreso Nacional y la sede de la Corte Suprema.

En Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, simpatizantes del antiguo dirigente sindical realizaron actos en la Avenida Paulista y en otros puntos del centro, mientras que en Río de Janeiro optaron por apoyar a su líder frente a la Cámara Municipal.

Las protestas se repitieron en otras importantes capitales del país como Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Manaos o Salvador, entre otros.

Los 11 magistrados que integran el pleno de la máxima corte judicial del país deliberaban este miércoles si conceden un "habeas corpus" al ex jefe de Estado que le permitiría apelar su condena en libertad hasta agotar todos los recursos en las diferentes instancias judiciales. Sin embargo, si los jueces deciden por mayoría negárselo, su encarcelamiento podría ser ordenado en cuestión de días.

Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado en enero pasado a 12 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia que le halló culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El proceso, uno de los siete a los que se enfrenta Lula en la Justicia, está relacionado con la trama corrupta destapada en la estatal Petrobras y se refiere a la supuesta cesión al exgobernante de un apartamento en un balneario paulista de parte de OAS, empresa implicada en el escándalo.