La imagen es llamativa: el Constitucional (TC) logra resolver en días recursos sobre el procés independentista, pero lleva años sin decidir sobre la ley del aborto de 2010, la Lomce o la prisión permanente revisable. También guarda silencio en conflictos entre administraciones u órganos constitucionales.

La última memoria del TC publicada hasta la fecha, con datos de 2016, refleja que ese año ingresaron 6.774 nuevos asuntos. La inmensa mayoría (6.685) eran recursos de amparo. Según ese mismo documento, se resolvieron 7.851. El saldo del ejercicio, por tanto, fue positivo, pero insuficiente para resolver el atasco: a 31 de diciembre, el Pleno tenía 160 asuntos pendientes de sentencia, y las salas 70. En total, 230. Además, el Pleno tenía acumulados 11 asuntos sobre cuya admisión a trámite debía pronunciarse, y las salas 2.358 recursos de amparo sobre cuya viabilidad debían decidir.

Preguntados por 20minutos acerca de esta situación, los portavoces de PP, PSOE, Unidos Podemos (UP) y Ciudadanos (Cs) en la Comisión de Justicia del Congreso coinciden en que la situación es insatisfactoria y plantean medidas para resolverla.

María Jesús Moro (PP) señala que el TC debe ser capaz de ofrecer respuestas "sólidas" con "celeridad". La diputada admite que hay temas "sensibles" que implican "mayor dificultad", pero pide "priorizar" los asuntos pendientes y que el tribunal mejore su "organización" interna para darles salida -"lo hacen en otros temas, lo vemos con Cataluña", comenta-, sin perjuicio de que al TC se le puedan proporcionar más medios o se puedan aprobar reformas legislativas si fuera necesario.

El socialista Juan Carlos Campo cree que, por la "trascendencia" de los temas que trata el TC, nadie espera que los resuelva de forma "inmediata", pero sí que lo haga en un "tiemo razonable". A su juicio, el "enorme volumen" de asuntos no puede ser una "excusa" y, además de posibles mejoras organizativas o de medios, deberían estudiarse fórmulas para que los tiempos fueran más "previsibles".

Para Eduardo Santos (UP), el TC se ha convertido en una "última instancia jurídica de índole política" que el Gobierno utiliza para "resolver cuestiones territoriales a favor del Estado central" y para recurrir las "leyes sociales que no le gustan". Santos pide despolitizar el TC y plantea cambiar el sistema de elección de los magistrados.

José Ignacio Prendes (Cs), por último, pide introducir criterios "tasados y objetivos" para que los asuntos se resuelvan "en un tiempo razonable" y en orden, en lugar de que el presidente del TC los organice como considere, a veces "aleatoriamente", pues ello genera "incertidumbre" e "inseguridad jurídica". "Es una cuestión que hay que atajar", zanja el diputado.

Lo cierto es que los ritmos del TC son impredecibles. Estos son los casos más llamativos:

Ley del aborto de 2010. El último Gobierno de Zapatero introdujo el aborto como derecho hasta la semana 14 del embarazo y hasta la semana 22 en casos puntuales. Además, permitió a las menores de 16 y 17 años abortar sin informar a sus padres en caso de riesgo de sufrir coacciones o malos tratos de sus familiares. El PP criticó duramente la norma, y la llevó al TC.También lo hizo el Gobierno de Navarra, que estaba en manos de UPN. El tribunal admitió a trámite los recursos en junio de 2010, y casi ocho años después no hay noticias de la sentencia. La espera sigue.

Lomce. La ley educativa del entonces ministro Wert se aprobó en noviembre de 2013. Muy contestada en el Parlamento y en las calles, el PP aprovechó su mayoría absoluta para sacarla adelante pese al rechazo de toda la oposición. El PSOE, el Parlament de Catalunya y los gobiernos de Asturias, Andalucía,Canarias y Cataluña recurrieron distintos aspectos. El TC admitió los recursos en abril de 2014, pero solo ha resuelto el del Govern (le dio la razón) y el del PSOE (lo tumbó).

Prisión permanente revisable. La prisión permanente se aprobó en marzo de 2015 como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana que solo apoyó el PP. PSOE, CiU, IU, PNVy UPyD la recurrieron al TC, que aún no se ha pronunciado.

Conflictos competenciales y entre órganos constitucionales. El retraso récord, sin embargo, lo acumula el recurso del Gobierno central contra la Ley de Patrimonio de Navarra. Se admitió a trámite el 11 de marzo de 2008, hace más de diez años, y el TC confirma a 20minutos que no lo ha resuelto. Además de otros conflictos competenciales, el tribunal tiene pendientes, desde 2016 y 2017 respectivamente, dos conflictos de atribuciones entre Gobierno y Congreso para delimitar el control parlamentario al que debe someterse un Ejecutivo en funciones y para establecer si la Mesa puede levantar el veto del Gobierno a una proposición de ley de la oposición por motivos económicos.