Álvaro González, sevillano de 40 años, es paciente de hemofilia y uno de los 243 casos analizados por Amnistía Internacional en el informe que estudia cómo los recortes del gasto público en Sanidad han afectado al derecho a la salud.

En su caso, González lamenta que después de haber luchado "muchos años para conseguir que abriera una unidad especializada en hemofilia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en la que había hematólogos y otras especialidades" que necesitan —"porque a nosotros, por ejemplo, no nos puede atender una ATS que no esté especializada", explica—, "se la han cargado de un plumazo".

La unidad contenía consultas de especialistas y un centro de día con ATS especializadas, así como un área especial de ingresos. Estaba todo en una misma localización y, en lugar de ir mejorándola con las especilidades añadidas, la cerraron. Ahora los pacientes han vuelto a una consulta de una única sala, compartida con otras patologías, denuncia González.

"Para muchos de nosotros, hemofílicos, el hospital es nuestra segunda casa. En mi caso particular puedo o ir esporádicamente o en un mes tener que ir todas las semanas. Ahora, a cada especialidad debemos de desplazarnos y no nos convienen las caminatas que nos pegamos por el complejo hospitalario".

Su otra queja directamente relacionada con los recortes es el cambio de las medicinas que les recetan, una variación que, presuponen, se ha hecho para abaratar costes. "Nos cambian las marcas y el tipo, y no apuestan por los medicamentos de nueva generación. Nos ponen excusas, pero está en juego nuestra seguridad, nuestra vida", lamenta González.