En un comunicado, han informado de que consideran que esta medida es "desproporcionada e injustificada". "Entendemos que la solución a la compleja problemática que experimenta un territorio como Palma de Mallorca no se soluciona mediante prohibiciones", han informado.
Además, aseguran que esta con esta prohibición se "corre el riesgo de abocar a la economía sumergida a cientos de familias que obtienen ingresos adicionales alquilando sus propiedades a otras familias".
Según indican "está demostrado que este tipo de decisiones políticas extremas están abocadas al fracaso". Así, explican el ejemplo de Berlín que tomó una medida similar a la de Palma, que fue tachada de inconstitucional por el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandemburgo.
Así, hacen un llamamiento "a la cordura institucional" para encontrar "de forma conjunta soluciones que aseguren un turismo responsable y sostenible en las Islas.
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