Tres días después de la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso, pero no por agresión sexual, el poder judicial y los partidos políticos han sido protagonistas de un enfrentamiento dialéctico entre quienes, por un lado, piden respetar la decisión de los jueces, y los que han criticado la sentencia por no proteger lo suficiente a la víctima.

En el primer bando se encuentran la Asociación de Fiscales, que este sábado ha dicho que con los comentarios de los últimos días se "desprecia" la labor de los jueces y fiscales, se realizan "juicios paralelos", se tiene la "tentación de legislar a golpe de noticia" y se hacen "manifestaciones carentes de rigor, además de que provocar "una intromisión en la labor jurisdiccional" por parte de representantes políticos.

La opinión de los fiscales es compartida por las tres asociaciones de jueces —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente— que este viernes lamentaban los "ataques desmedidos" a los magistrados y apelaban a la "cordura" y la necesidad de respetar la resolución adoptada.

En la misma línea se manifestó este viernes el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ha criticado las "descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas" lo que, a su entender, "compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos".

Las valoraciones de Lesmes han sido contestadas este sábado por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Supremo, Margarita Robles. "El necesario apoyo que el CGPJ ha de prestar a los jueces no puede hacerse en detrimento ni menoscabo de ninguna víctima de delito y mucho más cuando se trata de mujeres objeto de salvajes agresiones", ha dicho Robles. "Hay que recordarle que la independencia y prestigio de los jueces en España no se defiende con comunicados que pretenden limitar la libertad de expresión, sino en ocasiones poniendo en marcha desde el CGPJ las medidas de seguimiento necesarias", ha señalado.

A juicio de la socialista, el CGPJ podría hacer adoptado medidas que podrían "evitar que en algunos órganos judiciales, por suerte muy excepcionales, se den evidentes y conocidas disfunciones, traducidas en retrasos injustificables a la hora de dictar sentencia o en resoluciones, aunque sean votos particulares, que supongan un menosprecio inaceptable para quienes acuden a solicitar la tutela judicial".

También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha censurado que se proteja a un juez que ha emitido un voto particular "objetivamente repugnante" y "del paleolítico".

El ministro y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este sábado que el ministro de Justicia ya se ha puesto en contacto con la sección penal de la Comisión de Codificación para "reflexionar sobre la necesidad de cambiar la legislación española", una idea que ya adelantó este viernes en rueda de prensa.

"El Código Penal, en su reforma de 1995, abordó estos temas, pero han pasado 23 años, han cambiado las cosas, ha crecido la sensibilización y la concienciación de que esto es intolerable y, por tanto, deben ser los expertos los que juzguen si es necesario adaptar a la nueva realidad española el Código Penal", ha dicho. Y ha añadido que, "en todo caso, esto se hará con consenso de todas las fuerzas políticas e implicará una reforma legislativa importante".

En términos similares se ha expresado también este sábado el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien ha asegurado que en España hace falta una reflexión "serena" sobre el Código Penal, porque "si es necesario cambiar las leyes para proteger la dignidad de las mujeres, se cambiarán las leyes", ha zanjado.

Ciudadanos, por su parte, ha reafirmado este sábado su respeto a las sentencias judiciales, pero se ha mostrado también dispuesto a estudiar ese posible cambio en el Código Penal español.