El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este miércoles que "si a una mujer cinco personas le roban un [teléfono] móvil, nadie va a dudar de que hubo intimidación", y agregó que, "por ello, cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración". Con ese paralelismo, en realidad, lo que hizo Catalá fue contradecir a los jueces y afirmar que en el caso de 'La Manada' hubo intimidación, algo que la sentencia no considera probado y que fue clave para que los acusados fueran condeandos por abusos sexuales y no por un delito de agresión, que tiene penas mayores.

Catalá agregó, en sus réplicas a la oposición en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que está "convencido" de que hay que "cambiar leyes", comportamiento, y culturas, y reconoció que "en los últimos años" se ha producido una "transformación social relevante" en cuanto al "respeto de los derechos de la mujer". "Hay que fomentar políticas de igualdad y modificar estereotipos consolidados en la sociedad", dijo el ministro, que abogó por "fortalecer la sensibilización" de los jueces para que respondan adecuadamente a la violencia contra la mujer.

No es la primera vez que Catalá comenta la sentencia de 'La Manada'. Tras conocer los argumentos del juez Ricardo González, que emitió un voto particular donde pedía absolver a los acusados, dijo que "todos" los profesionales de la justicia "saben" que tiene "algún problema singular". "Me sorprende (...) que el Consejo [General del Poder Judicial] no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Se podría haber evitado", sostuvo, sin aclarar en ningún momento a qué se refería al especular con la existencia de un "problema singular" de ese juez.

Esas críticas a un juez provocaron la respuesta de las asociaciones judiciales, que pidieron la dimisión del ministro. Este miércoles, en el Congreso, sin embargo, Catalá volvió a abordar el tema para reiterar que viene trabajando "desde hace mucho tiempo" en la "sensibilización en género" de los jueces. "Me consta el compromiso del Consejo General del Poder Judicial (...). Estamos trabajando muy en especial para incrementar la sensibilidad en esta materia", subrayó el ministro, que también criticó la legislación en materia de delitos sexuales, que tachó de "farragosa y compleja".

Las respuestas de Catalá no dejaron satisfechas a Adriana Lastra (PSOE) e Irene Montero (Unidos Podemos), que instaron al Ejecutivo a cumplir el pacto de Estado contra la violencia de género y garantizar la perspectiva de género en la Justicia.

La socialista Lastra denunció que el Gobierno "no hace nada" para cumplir el citado pacto de Estado, ya que "ni siquiera" se han puesto "los recursos encima de la mesa", en referencia a los 200 millones de euros que debían destinarse a este acuerdo, que aún no se han aprobado y que la oposición denuncia que no están contemplados tampoco en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 pactado por PP, Ciudadanos y PNV.

Lastra también exigió a Catalá que "modifique" la composición de la comisión que revisará la legislación sobre delitos sexuales para realizar una propuesta de modificación, ya que el órgano está compuesto íntegramente por hombres y únicamente contará con mujeres en calidad de invitadas: "Las mujeres no somos invitadas, somos protagonistas", subrayó la número dos del PSOE.

Montero, por su parte, acusó al Ejecutivo de "criminalizar" el movimiento feminista, de incumplir el pacto de Estado contra la violencia de género y realizó cuatro propuestas: poner en marcha políticas públicas para "reparar a las víctimas", adaptar las leyes para cumplir el convenio de Estambul, dar "formación rigurosa" a los jueces "y no cursos de sensibilización", y convertir la mencionada comisión en un "órgano paritario". "Rectifique, y si no, dimita", espetó la diputada morada a Catalá.