Con la aprobación de los Presupuestos en el Congreso se puso punto y casi final —queda tramitarlos en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta—  a semanas de negociaciones de unas cuentas para 2018 que han llegado tarde por la situación política en Cataluña.

El libro amarillo incluía el mes pasado los principales novedades de gasto e ingresos de las Administraciones. A saber, la subida salarial de los funcionarios (un 1,75% como mínimo este año), gasto expansivo en infraestructuras (un 12,7% más), subida de las pensiones más bajas, una rebaja media en el IRPF de 440 euros para rentas bajas, cheque guardería de 1.000 euros, quinta semana de paternidad o la rebaja del IVA del cine al 10%, entre otras medidas.

Desde que el Gobierno superó las enmiendas a la totalidad y pasó a la segunda etapa, la de enmiendas parciales, se han pactado nuevas medidas con los grupos parlamentarios. De las 6.895 enmiendas presentadas, en las votaciones de ayer se dieron luz verde a 330, de las que 257 ya habían sido pactadas en la Comisión de Presupuestos antes de su votación en el hemiciclo. Es decir, se incorporaron menos del 5% del total.

Las pensiones subirán un 1,6%. El Gobierno había decretado que las pensiones volverían a subir un 0,25%, el mínimo que permite la ley si hay déficit en el sistema. Entonces apareció el PNV. Los vascos, a cambio de tumbar las enmiendas a la totalidad, arrancaron del Gobierno una subida de las pensiones al ritmo de la inflación este año (1,6%) y el próximo (1,5%). Antes de terminar julio los pensionistas recibirán una segunda paga con el dinero que han dejado de cobrar desde  enero correspondiente a ese 1,35% de subida extra aprobada en las cuentas.

Las prestaciones de viudedad subirán un 7,7%. La base reguladora de las pensiones de viudedad subirá del 52% actual al 56%, dos puntos más de lo que se había aprobado en Consejo de Ministros tras pactarlo con el PNV. En la práctica supone revalorizar la prestación un 7,7%, aunque a diferencia del alza generalizada de la prestación contributiva no se recuperarán las cantidades de forma retroactiva, sino que se elevarán a partir de julio, tras la aprobación de las cuentas.

Se aplaza el factor de sostenibilidad. No formaba parte de las cuentas para este año, pero otro de los acuerdos con el PNV fue retrasar a 2023 el factor de sostenibilidad que iba a estrenarse en 2019 (en pleno año electoral)... para disgusto del Banco de España y de Bruselas, según los informes publicados esta semana por ambas instituciones. Los expertos estiman que este factor —ideado en la reforma de 2013— devaluará la pensión un 5% cada 10 años desde su entrada en vigor.

Billetes más baratos a los insulares. Los residentes canarios, baleares, ceutíes y melillenses disfrutarán de un 75% de bonificación en sus billetes de avión y barco frente al 50% del que disfrutaban ahora. Los regionalistas canarios, a cambio de apoyar las cuentas, logran también inversiones en turismo, empleo, cultura, coches eléctricos para sus ayuntamientos, una transferencia para cooperación humanitaria del Cabildo y una extensión de la banda ancha en el archipiélago. Además se financiarán con más dinero los centros de investigación del País Vasco.

Complemento para los examinadores de tráfico. Recibirán 250 euros más al mes en 2018 tras una enmienda de Ciudadanos aprobada en la comisión de Presupuestos. Para afrontarlo se destinarán tres millones de euros adicionales a la masa salarial de Tráfico que se eliminará de su presupuestos para el área de estudios técnicos. La huelga de los examinadores obligó el año pasado a suspender 170.000 exámenes de tráfico y el sector perdió 40 millones de euros.

El Estado asumirá los 200 millones para violencia de genero. El Gobierno ha tenido que recular tras las protestas de la oposición, las asociaciones de mujeres y las administraciones territoriales. Sanidad se había comprometido a destinar 200 millones de euros al pacto en materia de Violencia de Género, pero la versión inicial de los Presupuestos solo incluía 80 millones a cargo del Estado. Los 120 millones restantes, decía el texto, debían ser sufragados por las autonomías (100 millones) y ayuntamientos (los 20 restantes) con las aportaciones "que recibiesen este año del sistema de financiación". La enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista para que el ministerio aportase en solitario los 200 millones, fue finalmente aprobada por el hemiciclo.

La exención 'lotera' se amplía. Hasta ahora, los primeros 2.500 euros ganados en Lotería estaban exentos de tributar y solo se retenía ante el fisco el 20% del premio. La enmienda de Ciudadanos que proponía elevar el mínimo exento a 10.000 euros contó finalmente con apoyo mayoritario del Congreso. Ese mínimo, según el acuerdo, irá elevándose de forma progresiva los próximos años hasta llegar a 40.000 euros en el año 2020. Pero si este año te tocan 100.000 euros de premio en un sorteo de Lotería, sólo tributarás por 90.000 y la Agencia Tributaria, que antes te habría retenido 19.500, ahora solo se quedará con 18.000.

Uso flexible de las semanas de paternidad. Los Presupuestos contemplaban ampliar la baja por paternidad a cinco semanas (una más), pero el hemiciclo ha aprobado una enmienda transaccional de Unidos Podemos que permitirá disfrutar el permiso "con fecha posterior al nacimiento". Es decir, que podría incluso enlazarse al final de las 16 semanas de permiso de la madre.

Prejubilación de policías locales. Esta enmienda transaccional presentado por el PP al proyecto de presupuestos permitirá a los 8.000 agentes municipales que existe en España acceder a un retiro anticipado con 59 años. Se define para ellos un tipo adicional de cotización del 10,6% repartido entre Administración (8,84%) y funcionario (1,76%).

Rebaja del IVA aplicado a la dependencia. El PDeCat logró el apoyo mayoritario del hemiciclo a su enmienda para que el IVA de los servicios de dependencia se reduzca al 4%. Una rebaja fiscal de la que se beneficiará la teleasistencia, la atención residencial, los centros de día o la ayuda a domicilio, y que impone como condición que el coste del servicio esté financiado públicamente al menos en un 10%, o que se presten en plazas concertadas en centros por concurso público.