El juicio a seis jóvenes por okupar y rehabilitar un enclave del parque natural de la sierra norte de Guadalajara ha quedado visto para sentencia este viernes con una rebaja de las peticiones máximas de prisión de 4 años y medio a 2 años para cada uno, tras retirar la acusación su denuncia por daños al medioambiente, pero con la duda flotando en el aire de si Fraguas es monte público o una aldea abandonada.
En el banquillo de los acusados de la sala 1 de los juzgados de lo penal de Guadalajara se han sentado desde las once de la mañana seis jóvenes que han relatado cómo en 2013 presentaron, a través de una asociación de repobladores rurales, un proyecto para la recuperación de la antigua aldea de Fraguas, expropiada por el Icona en el año 1968.
Varios de los acusados aseveraron que los técnicos de la administración regional consultados les denegaron el permiso de repoblación y que, aun así, decidieron llevarlo a cabo.
Isaac Alcázar, el primero de los jóvenes en declarar, indicó que su intención fue "en compañía de decena de personas, iniciar un desescombro, limpieza de monte, rehabilitación de un paraje abandonado para pensar eventualmente en habitarlo. Confiábamos en que la asociación podría conseguir una concesión legal para el proyecto por parte de la Junta de Castilla La Mancha similar a las que tenían otros pueblos del parque natural, como Matallanas o La Vereda".
La Junta de Castilla-La Mancha, propietaria del monte público en el que está Fraguas, defendió durante la vista que los ocupantes sabían desde el principio que el pueblo había sido expropiado a sus vecinos para convertirlo en monte de utilidad pública y que, desde 2011, su suelo contaba con la máxima protección tras quedar incluido dentro del recién creado parque natural de la sierra norte, lo que por tanto impedía urbanizarlo y habitarlo.
La letrada de la Junta consideró probado los delitos de "usurpación" y "contra la ordenación del territorio". Sin embargo, decidió retirar de su escrito de acusación el delito de "daños". Así, la petición de cárcel para cada uno de ellos queda rebajada a la mitad, hasta un máximo que no requeriría ingreso en prisión.
La defensa de los seis encausados solicitó la absolución del delito de "usurpación", apelando a que el tipo penal se refiere en exclusiva "a bienes inmuebles" mientras que la Junta de Castilla-La Mancha defiende que Fraguas es monte público.
Especulación o rehabilitación
La defensa tampoco ve probado el delito contra la ordenación del territorio. Deshechado que hubiera daños, alega que este delito fue diseñado para impedir "la voracidad especuladora", pero no para penar un caso como "la reconstrucción de un pueblo abandonado".
Durante todo el proceso, el abogado de los acusados, Erlantz Ibarrondo, intentó hacer ver que sus defendidos estaban en un "error de prohibición", es decir que no sabían que lo que hacían era delito, ya que pensaban que solo podían ser sancionados administrativamente y confiaban, además, en conseguir mediante la negociación política una concesión que les permitiera eventualmente habitar las casas que estaban reconstruyendo.
La Junta ha considerado probado, por el contrario, que los jóvenes construyeron en terreno rústico y protegido a sabiendas y sin permiso, ha asegurado que no pidieron la concesión de manera formal, y que el caso de Fraguas es "radicalmente distinto" al de otros municipios de la misma sierra, como Matallana y La Vereda, porque estos mantienen la catalogación de núcleos urbanos.
La Fiscalía, por su parte, ha considerado probado usurpación y el delito contra la ordenación del territorio. Lo ha fundamentado en que "unos jóvenes formados, con estudios universitarios algunos de ellos, no pueden alegar alegremente que desconocían que cometían un ilícito, ya sea administrativo o penal. Tampoco puede ser qie, por muy loables que sean sus objetivos de repoblar y dinamizar la zona, puedan arrogarse el uso de un espacio público con carácter particular".
Cuatro acusados ejercieron su derecho a un último turno de palabra, antes de quedar el proceso visto para sentencia. Defendieron que "los vericuetos del derecho y las leyes no pueden obviar que Fraguas es un pueblo en el que nació gente y en el que hay gente enterrada", calificaron de incomprensible "que se les juzgue como si fueran promotores inmobiliarios" y vincularon su actuación, "respetuosa con la naturaleza", a políticas de largo recorrido para "evitar la despoblación".
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