Liderar una nueva política, tanto española como europea, que "no dé la espalda a las personas refugiadas". Es lo que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) espera del nuevo Gobierno. Esa esperanza ha ganado fuerza tras la decisión de acoger a los migrantes rescatados por el Aquarius, a los que otros países de la Unión Europea cerraron sus puertas, y la intención de retirar las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

"La acogida del Aquarius es una oportunidad fantástica para que España lidere nuevas políticas en la UE. Con este gesto podemos sentarnos en una mesa donde la única medida no sea echar a estas personas a países en los que no se respetan sus derechos humanos. Es un desafío, pero debemos asumirlo", ha manifestado este lunes la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, durante la presentación del informe anual de la comisión, en una crítica hacia las medidas adoptadas tanto por el anterior Ejecutivo como por las autoridades comunitarias.

La organización lamenta que 2017 vaya a pasar a la historia como el año en el que la UE "falló clamorosamente" a los refugiados con el incumplimiento de los acuerdos de acogida. En septiembre expiró el plazo que los Veintiocho se dieron para reubicar y reasentar a 182.504 personas y solo han cumplido con un tercio. En el caso concreto de España, el porcentaje se reduce hasta el 16%, al haber llegado menos de 2.800 de las 17.337 comprometidas.

"Las personas del Aquarius y las 1.000 que han alcanzado las costas andaluzas en los últimos días están lejos de que aquella cifra de 17.000, por eso no podemos hablar de alarma, ni de avalancha ni de invasión", ha defendido el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, para quien actuaciones como la acogida del barco de SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras "es de justicia, no caridad". "Es un acto humanitario, pero la justicia debe ser humanitaria, sino no es representativa de los derechos de las personas", ha sentenciado.

A la presentación del documento ha asistido también la directora de Políticas y Campañas de CEAR, Paloma Favieres, recién llegada de Valencia, donde este domingo ayudó en el recibimiento a los 630 inmigrantes del Aquarius. Tras reconocer que "todo es mejorable" y que de esta experiencia habrá que sacar un aprendizaje, Favieres ha contado que lo que vio fue una muestra de que "si se quiere, se puede". "Hubo mucha coordinación entre todos los intervinientes, mucho trabajo, mucho compromiso, preocupación y dedicación. No vi dentro del dispositivo ningún circo", ha relatado.

Esta abogada ha manifestado su satisfacción por que no se incoara ningún expediente de devolución ni de internamiento, por que a todos los que desembarcaron se les entregara una tarjeta de entrada y por que se les informara de su derecho a pedir asilo. "Todos manifestaron que querían solicitarlo. Cuando lleguen a su destino final tendrán que formalizar esa solicitud y se seguirá con ellos el proceso habitual", ha explicado. Favieres ha aprovechado la ocasión para exigir que el derecho a solicitar el asilo se garantice siempre, criticando a su vez que en las costas no suela hacerse.

Ante quienes alertan de que la acogida del Aquarius supondrá un "efecto llamada" para la inmigración, CEAR ha respondido que lo que existe es un "efecto expulsión", en referencia a las dramáticas situaciones que llevan a estas personas a abandonar sus países y a arriesgar la vida en busca de un futuro mejor.

"El uso de la expresión 'efecto llamada' se da porque se habla mucho de la Unión Europea y poco de los lugares de los que procede esta gente. Si hablásemos más de ellos tal vez les entenderíamos. Estamos enfermos de narcisismo y de ombliguismo y por eso solo los vemos como un problema", ha reprochado María Eugenia Rodríguez, profesora universitaria y experta en Migración y Género. "Más allá de su positiva contribución a la economía, su acogida es una cuestión de cumplimiento de la legalidad internacional", ha añadido.

CEAR también ha criticado que se esté criminalizando la solidaridad, con la mente puesta en casos como el de los tres bomberos de Proem-Aid juzgados por tráfico de personas en Grecia o la causa abierta por Italia contra Proactiva Open Arms y la incautación de su barco de rescate. En opinión de Galán, la UE está permitiendo estos hechos como "cortinas de humo para tapar el incumplimiento de los compromisos que adquirió".

La organización ha recordado en un listado de veinte propuestas las reivindicaciones que lleva tiempo realizando y "que no suponen coste alguno". Entre ellas figuran la adopción de un plan estatal que establezca un protocolo unificado de actuación y termine con la respuesta "arbitraria e improvisada que se da a los inmigrantes", la aprobación del Reglamento de Asilo, que lleva casi nueve años de retraso, o la retirada del recurso presentado por el Gobierno contra la condena a España del Tribunal de Estrasburgo por la 'devolución en caliente' de dos inmigrantes.