El PSOE presentó a primeros de mayo, estando en la oposición, una proposición de ley para incorporar la eutanasia a la cartera de servicios del sistema de salud. Este martes, con el PSOE en el Gobierno, el proyecto socialista da sus primeros pasos parlamentarios con la toma en consideración que permitirá iniciar los trámites para llegar a su aprobación como ley.

La presentación ante los medios en Ferraz del proyecto legal, el pasado 3 de mayo, corrió a cargo de la responsable socialista del área de Sanidad, María Luisa Carcedo —ahora Alta Comisionada para la Pobreza Infantil—. Ese día, Carcedo argumentó que la iniciativa respondía a que la sociedad española estaba preparada para la aprobación de un protocolo legal sanitario mediante el que "cualquier persona que quiera acabar con el sufrimiento que les ocasiona su enfermedad grave o discapacidad pueda recibir ayuda para adelantar su muerte".

Estos últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la ley de la eutanasia como una de sus prioridades para la legislatura en marcha. Sánchez ha expresado su deseo de que en el año y medio que resta hasta las próximas elecciones generales dé tiempo a que la ley llegue a convertirse en realidad, y por tanto en su legado.

Fuentes del grupo socialista en el Congreso aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para empezar la tramitación parlamentaria.

Unidos Podemos ha mostrado públicamente su intención de permitir el debate. A pesar de que los socialistas votaron en contra de una iniciativa similar suya en enero de 2017, recuerdan en Podemos. "Nosotros no haremos lo mismo, antepondremos la solución a los problemas de la población, como es la despenalización de la eutanasia y el derecho a decidir si no se quiere vivir en unas condiciones de sufrimiento y dolor insoportables".

La propuesta de los socialistas no solo despenaliza la eutanasia, sino que incluye unas bases de su procedimiento para que sea "ordenado y sistemático".

La socialista Carcedo explicó en la presentación de la norma que se exigirá sea una decisión voluntaria, consciente e informada por parte del solicitante. Que entrará así en un proceso "garantista" jurídica y sanitariamente de unos 32 días de duración. En ese tiempo, el médico deberá elevar a una comisión de control y evaluación las solicitudes en dos fases, de al menos 15 y 17 días de trámite, para comprobar que cada caso cumple la ley.