El Estado podría recuperar por la vía civil el Pazo de Meirás, pero tendría que pagar a los Franco los gastos desde 1975

La comisión de expertos de la Xunta que estudia cómo recuperar el Pazo de Meirás ha propuesto que la Administración reivindique la propiedad a la familia Franco por la vía civil argumentando que tuvo uso público durante más de 30 años. La acción judicial podría terminar, eso sí, con una compensación económica a los herederos del dictador.

El procedimiento, explicado con detalle en un informe, intentaría determinar que por "la fuerza del uso" el Pazo es un inmueble "de dominio público afecto a la Jefatura del Estado", ya que fue utilizado por Franco como residencia de verano y, entre otras cosas, para albergar reuniones del Consejo de Ministros. El inmueble fue declarado en 2011 Bien de Interés Cultural.

Cuando haya una sentencia firme del Supremo y si da la razón a la Administración, los herederos tendrá que  "reintegrar la posesión". Pero también se producirá una liquidación de la propiedad y la familia Franco tendría que ser compensada por los gastos de mantenimiento del Pazo desde el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que murió el dictador.

"Hay que determinar si efectivamente hubo ese tipo de gastos, si se pueden acreditar y la calificación jurídica", han explicado los expertos este lunes. El Ayuntamiento de Sada ha presentado un voto particular: está de acuerdo con la demanda civil, pero no con que esta vía presuponga que la familia ha actuado durante todo este tiempo "de buena fe".

Según el Ayuntamiento, los Franco "conocían perfectamente" cuál era la situación del Pazo cuando falleció el dictador, por lo que "no" se puede hablar de "buena fe". El informe aclara que si se determina una compensación, esta  "sería notablemente inferior a su valor de mercado o al precio que habría de satisfacerse como justo precio expropiatorio".

También cabrían compensaciones entre las partes del procedimiento de liquidación, como consecuencia del uso anterior al 20 de noviembre del 75. El trabajo de la comisión, presidida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Xosé Manoel Núñez Seixas, se ha prolongado durante más de seis meses.

El Estado también tendrá que solicitar en su demanda que se cancelen las inscripciones registrales contradictorias (contrarias a que el inmueble pertenece al Estado) y que se expida un mandamiento al Registro de la Propiedad de Betanzos (A Coruña) para la inscripción de los bienes inmuebles como bienes demaniales del Estado.

Además, ante los "riesgos derivados de una eventual venta de los inmuebles -ya que los herederos pusieron en venta el Pazo de Meirás el pasado mes de febrero-, proponen que se inste como medida cautelar a la "anotación preventiva de la demanda (civil) en el Registro de la Propiedad".

En la presentación del informe, los expertos han recordado que la propiedad, que fue adquirida la familia Pardo Bazán, no cuenta hasta el año 41 con documentales que acrediten la posesión de los Franco. En todo caso, ha determinado que se le donó por parte de la comisión promotora de la época al dictador "en calidad de jefe del Estado".