![García Hernández, durante la presentación de avales.](https://imagenes.20minutos.es/files/image_640_360/uploads/imagenes/2018/06/26/727999.jpg)
El Partido Popular podría enfrentarse a una primera impugnación ante los tribunales del resultado del congreso extraordinario que el 20 y 21 de julio elegirá a su nuevo presidente si uno de los candidatos, José Ramón García-Hernández, no encuentra respuesta a la petición que ha elevado este martes la comisión organizadora (COC) para que permita que todos los afiliados que estén al corriente de pago puedan votar, no sólo los que se inscribieron como muy tarde este lunes, que ascienden al 7% de la cifra oficial de militancia, según su coordindor general, Fernándo Martínez-Maillo.
“Bordeamos el ridículo”, ha exclamado varias veces García-Hernández ante la sede nacional del PP, donde ha presentado un “escrito jurídico” que se opone a la obligación de los afiliados a registrarse para poder votar dentro de un plazo que se cerró este lunes.
De momento, García-Hernández prefiere no hablar de medidas drásticas si su escrito no es tenido en cuenta, pero sí advierte de que “la otra vía, a la que espero que no lleguemos, es la contencioso civil. Espero que no lleguemos allí”.
Un día después de cerrarse el plazo para la inscripción de los afiliados, la COC no ha dado una cifra de número de personas inscritas para votar el 5 de julio en la primera ronda del sistema de doble vuelta con el que el PP elegirá en julio al sucesor de Mariano Rajoy. Sin embargo, Maíllo ha hablado este martes de un 7%, mientras que el PP de Castilla y León facilitó ayer un porcentaje del 13,2% y en la Comunidad Valenciana habría votado el 5% de la militancia.
Censo y voto rogado
García-Hernández no tiene reparo en que los afiliados estén al corriente de pago para poder votar y, aunque también tiene las dudas generalizadas de que el PP tenga los cerca de 870.000 afiliados que dice tener. “Como pasa en todos los partidos” esta cantidad “podrá fluctuar o no”, aunque, ha destacado, “sé que estaban haciendo un esfuerzo para ajustarlas a la realidad”.
Lo que él impugna es la obligación de que los afiliados hayan tenido un plazo para inscribirse, que considera un “voto rogado” que va en contra de los Estatutos del PP. Según su lectura de los mismos, cuando se dice que quienes quieran a "participar" en un proceso de elección interna deben inscribirse, se refiere a los que se presenten para ser elegidos, no para los que quieran ejercer el "derecho activo", es decir, votar.
Por el contrario, reclama que los afiliados puedan votar sin estar inscritos y que no tengan que hacerlo en su sede de origen.
“No puedo permitir que en un momento histórico el PP haga el ridículo”, ha dicho el actual secretario de Relaciones Internacionales del partido, que espera que en el partido “impere la cordura” antes de tener que tomar otras medidas.
Según él, si el 5 de julio solo se permite votar al 7% de la militancia oficial, “serían unas falsas primarias”. “No puede ser que con los afiliados al corriente de pago se pongan condicionalidades”.
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