La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que debe pronunciarse sobre el pedido de extradición a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, negó este viernes haber aplazado su decisión y se limitó a señalar que sigue estudiando el caso con la "precisión conveniente".

El tribunal recibió y conoce la argumentación de los abogados de Puigdemont y la correspondiente sala "está estudiando ahora con la precisión conveniente esta postura, y en algún momento tomará una decisión", dijo la jueza y portavoz de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, Frauke Holmer.

No quiso, "en ningún caso", subrayó, hablar de fechas concretas, porque ni ella ni la misma sala que se ocupa del caso, dijo, pueden hacer en estos momentos ningún cálculo aproximado dado lo "extenso" del procedimiento.

"Si va a llevar dos semanas, cuatro o seis, eso no se lo sé decir", señaló, y reiteró que en todo caso, toda la documentación se encuentra en manos del tribunal y la sala correspondiente la está analizando.

Respecto al supuesto plazo de 90 días máximo fijado por la regulación de las eurorodenes al que alude el equipo de abogados de Puigdemont y que habría expirado el domingo pasado, Holmer dijo ser consciente únicamente del de 60 días.

Se trata de "cuándo debe producirse una decisión sobre el pedido de extradición, y en ese caso se conoce un plazo de 60 días" desde la detención, que en lo que respecta a Puigdemont, "ya expiró hace tiempo".

De no poder cumplirse ese plazo, "y no se pudo cumplir", recordó, "hay que dar aviso a Eurojust", y así se hizo, señaló.

En ese sentido, agregó no ser consciente de que fuera necesario dar ningún otro nuevo aviso a Eurojust.  

La detención de Puigdemont se produjo el pasado 25 de marzo en Schleswig-Holstein cuando ingresaba en territorio alemán por la frontera con Dinamarca en virtud de una euroorden dictada por la Justicia española, que lo reclama por los delitos de rebelión y malversación en relación con el proceso independentista en Cataluña.

El líder independentista ingresó inmediatamente en la prisión de Neumünster, en ese mismo estado federado, y unos días después la Fiscalía formalizó una primera petición de extradición a la Audiencia en que respaldaba en todos los puntos la solicitud de entrega de las autoridades españolas.

La Audiencia Territorial respondió a principios de abril este primer pedido de la Fiscalía descartando el delito de rebelión y pidiendo información adicional sobre el cargo de malversación de fondos públicos, al tiempo que dejaba en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Puigdemont.

En su nuevo escrito, presentado el pasado 1 de junio, la Fiscalía mantuvo la petición de extradición a España por los cargos que le imputa la Justicia española y solicitó, además, el ingreso en prisión del líder independentista por considerar que persiste riesgo de fuga.

Gonzalo Boye, que forma parte del equipo de letrados que defiende al expresidente de la Generalitat y los exconsellers huidos de la justicia, ha explicado esta mañana que el Tribunal de Schleswig-Holstein ha aplazado su decisión sobre la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a la justicia española, sin fijarse un plazo máximo para resolver sobre el asunto, según han informado fuentes jurídicas.

Boye ha dicho que el tribunal ya agotó el pasado 24 de junio el plazo de 90 días máximo fijado por la regulación de las euroórdenes para decidir sobre la entrega de Puigdemont a la justicia española.

También ha afirmado que el tribunal regional de Schleswig-Holstein ha comunicado a la Fiscalía alemana que superará los 90 días establecidos en la normativa, esgrimiendo la complejidad del caso y la necesidad de analizar la información que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le ha enviado para tratar de acreditar el delito de malversación en el "procés" independentista.

Según Boye, precisamente el envió de abundante documentación por parte de Llarena al tribunal alemán, con el fin de probar los delitos que se imputan al expresidente catalán, es el motivo por el que ha tenido que posponerse la resolución de la euroorden.

La decisión marco sobre euroórdenes fija un límite de 60 días, ampliable a otros 30, para resolver sobre las peticiones de entrega y, transcurrido ese plazo máximo, el tribunal debe comunicar a Eurojust los motivos de la demora.