El Gobierno está dispuesto a "revisar" y "cambiar las leyes" para que las relaciones sexuales en las que no exista "un sí expreso" puedan ser consideradas delito. De esta manera, el Gobierno pretende evitar "riesgos interpretativos" como en el caso de la La Manada, cuando unos jueces vieron abusos sexuales donde la sociedad mayoritariamente apreció violación.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en su primera comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso.

En sede parlamentaria, la ministra ha anunciado además que su Gobierno va a contabilizar los asesinatos de violencia de género desde que hay estadísticas oficiales (2005) y no pondrá el contador a cero cada año. "Con una sola (asesinada) ya es una tragedia pero llevamos 945", ha recordado.

Otro de los anuncios que ha dejado la  ministra es que el Gobierno realizará "un mayor esfuerzo presupuestario" para elevar los 20 millones de los fondos que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género consigna a los ayuntamientos de forma que estos recuperen las competencias en materia de atención a maltratadas.

La vicepresidenta ha dado cuenta a lo largo de la mañana de las políticas que llevará a cabo el Gobierno, con retos como la equiparación de derechos entre hombres y mujeres y el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo ha hecho en una semana particularmente negra, con cuatro asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas, dos de ellas pese a tener una orden de alejamiento.

Carmen Calvo considera una prioridad de su mandato garantizar "la seguridad física de las mujeres". En este capítulo ha anunciado la propuesta de una ley de trata contra "los secuestros organizados, contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Ya que las cifras de nuestro país son particularmente escandalosas".

En relación a las violencias sexuales ha anticipado que su Gobierno apoyará cambios en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguiendo la estela de los modelos de Suecia o Alemania, que vinculan los delitos sexuales a la falta de consentimiento sexual expreso. En este caso se trataría de admitir a trámite una denuncia cuando la víctima asegure que no hubo consentimiento, sin que eso sea óbice de que haya que probar la falta de consentimiento, pero desligando la agresión sexual de la violencia y la intimidación.

"Necesitamos hacer una revisión (legal) que permita asegurar mucho mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación delitos tan graves contra las mujeres. Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Ahí está preservado el respeto a su persona y a su sexualidad", ha asegurado en clara referencia a la sentencia de La Manada. "Hay mucho que  mejorar en la seguridad de las mujeres".

En respuesta a las preguntas de la oposición sobre cómo valorar jurídicamente el consentimiento, la ministra ha dicho al final de su comparecencia que su intención con las reformas legales de los delitos sexuales es "dejar de correr riesgos inerpretativos" con la legislación sobre delitos "gravísimos". "O es sí claramente o es no y punto", ha remachado.

A su juicio, una sociedad "donde las libertades sexuales cada día son más amplias y diversas debería de haber reducido la violencia sexual pero la realidad es la que es. Hay que hablar de educación sexual, afectiva y reproductiva" para no acabar "normalizando" la pornografía", ha añadido.

La vicepresidenta ha anunciado "un esfuerzo presupuestario mayor del previsto en el pacto para los Ayuntamientos" (eran 20 millones de euros) con la intención de "devolver competencias en materia de violencia de género a los consistorios, dado que son "el lugar de amparo más cercano para las víctimas". Con más recursos económicos, el Gobierno considera que los municipios podrán tomar más decisiones "y evitar desgracias".

De verdadero "horror" y "responsabilidad de todos" ha calificado los últimos cuatro crímenes machistas, ocurridos en menos de una semana. "Necesitamos tomar decisiones enmarcadas en el pacto (contra la violencia de género) y necesitamos seguir avanzando en la conciencia de una sociedad donde el machismo llega al asesinato", ha asegurado antes de hacer mención a la solidaridad con los 25 niños y niñas huérfanos víctimas de esta situación. Calvo ha anunciado, en ese momento, que su Gobierno tiene intención de contabilizar de manera global estos asesinatos machistas, desde que hay estadística, desde 2005.

"La mejor manera de resolver estas tragedias es enfrentarse con ellas y ser eficientes en todo lo que se haga". Antes de referirse a la importancia de la prevención, a través de educación en las aulas, y de calificar la violencia de género como "el principal problema de seguridad" en España, "porque lo tiene que afrontar la mitad de la población".

Calvo ha asegurado sobre su Gobierno que éste lo integran "17 ministros feministas" y solamente más mujeres políticas que hacen políticas para mujeres. "Este es un Gobierno que hará política feminista, propuestas de transformación de un Estado. Cuarenta años después de la llegada de la democracia, no podemos soportar ni una cifra más de discriminación de la mujer. No es una situación ni facil, ni rápida. Es remover a una sociedad heredera de siglos y siglos de discriminación. No es rápido ni podemos hacerlo en solitario. Pero ha llegado la hora de empezar a trabajar", ha considerado.

La vicepresidenta ha tenido un recuerdo expreso parael 8 de marzo. "Nos devolvió entusiasmo en todo el planeta. Sin nosotras no hay democracia, sin nosotras el mundo no camina en la dirección correcta. Sin nosotras las democracias tienen un defecto básico en todo su trazado. El 8 de marzo las españolas dimos ejemplo de energía cívica. Esas mujeres y hombres en las calles deben estar aquí presentes en esta comisión a cada instante, recoger lo que dicen, transformar con realismo las aspiraciones que se pusieron en ese justo lugar".

En materia de igualdad laboral, la ministra ha asegurado que las mujeres "somos diversas pero queremos ser libres" y, a su juicio, "no hay más libertad que la independencia económica", por eso ha pedido a los grupos del Congreso unidad para atajar la desigualdad laboral de las mujeres, que sufren en España una brecha salarial del 23%, que alcanza el 37% en las pensionistas.

Calvo pide poner el foco, sin embargo, no solo en la brecha salarial sino "en todo el espacio laboral de las mujeres: en nuestras cifras de desempleo, la pobreza feminizada, el precariado feminizado, y cómo son los horarios, los ascensos y las probabilidades de progresar". Y ha anunciado su intención de proponer a la Cámara Baja una propuesta de "ley de usos del tiempo y de corresponsabilidad laboral y familiar" que garantice a las mujeres tiempo para ellas a través de la corresponsabilidad.

Otro de los anuncios ha concernido a la cultura, a través de la cual se pueden derribar los estereotipos, "Ahí toda una línea de trabajo consistirá en que los recursos públicos equilibren constantemente la perspectiva de las mujeres, la creatividad de las mujeres , el mensaje y la determinación de las mujeres en los simbólico. Necesitamos prototipos reales y en eso la cultura juega un papel fundamental. Necesitamos guionistas, productoras, en la comunicación y en la cultura para que se represente la realidad de las mujeres".

Mención específica ha realizado al esfuerzo de su departamento para con las mujeres migrantes, 2,5 millones en España, "doblemente afectadas por la discriminación". Y, con la cercanía del Orgullo, ha anunciado "decisiones importantes en el ámbito sanitario" y contra el acoso de las personas menores de edad transexuales.

La vicepresidenta ha informado además de que su departamento ha encargado a la Real Academia de la Lengua (RAE) un estudio sobre la adecuación de la Constitución Española a un lenguaje inclusivo entre hombres y mujeres.

La comparecencia de Calvo ha sido ante los miembros, mayoritariamente diputadas, de la comisión de Igualdad. En la sesión también han estado presentes la secretaria de estado de Igualdad, Soledad Murillo, y la directora general de la Mujer, Silvia Buabent. A su llegada, las diputadas de Unidos Podemos y En Marea le han entregado a Calvo una invitación a la presentación, precisamente este miércoles, de su proposición de ley contra las violencias sexuales, el que pretende unificar en un solo delito abusos y agresión sexual, una ley basada en el consentimiento sexual expreso bajo el paradigma de que "solo sí es sí".

La oposición, a pesar de compartir el diagnóstico mayoritariamente descrito por la vicepresidenta y ministra de igualdad, le ha pedido "pasar de las palabras a los hechos". Los grupos han reivindicado que la igualdad sea una prioridad de su gobierno, para lo que le han demandado "leyes que se puedan desarrollar" y "ministerios con dotación presupuestaria". "Hechos y no solo buenas propuestas que queden en brindis al sol". De ahí que hayan solicitado la convocatoria inmediata de las mesas para el reparto de los fondos del pacto de estado a los Ayuntamientos y las Comunidades, así como la recuperación de competencias en materia de Igualdad a nivel municipal. La ministra ha explicado que, una vez aprobados los Presupuestos, la mesa de la CC AA será convocada antes de final del mes de julio.

En concreto, Patricia Reyes, de Ciudadanos, ha solicitado a Carmen Calvo una petición de perdón por sus declaraciones sobre la gestación subrogada, que molestaron a las familias, ha dicho. Mientras que Sofía Castañón, de Unidos Podemos, ha pedido recuperar la esencia del Instituto de la Mujer y eliminar el techo de cristal, pero sin olvidarse "de las mujeres que limpian los suelos". Por su parte el Partido Popular ha defendido su labor en el Gobierno y ha echado de menos en la exposición de Calvo medidas concretas contra la violencia de género "de control" a través de las nuevas tecnologías.

En su turno de réplica, Carmen Calvo se ha ratificado en su oposición a legislar sobre la gestación subrogada que "está prohibida en España". "El consejo de Europa y el comité de bioética de España y yo coincidimos en lo sismo, en que la gestación subrogada debe prohibirse y no debe legislarse sobre ella".

En relación al Instituto de la Mujer, la ministra ha asegurado que será "reforzado" y respetado y que su acción irá encaminada a "escuchar, arropar y apoyar a todo ese movimiento de mujeres más jóvenes que por fin se han encontrado con el feminismo".

Sobre los conflictos con el traspaso del 016 a una nueva adjudicataria, Carmen Calvo ha considerado el asunto "resuelto", incluido el cambio de sede, pero ha reconocido que le gustaría que fuera un "servicio público".