Las víctimas de violencia machista no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección policial, como hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades para acreditar su condición de maltratadas.

Así lo establece el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que, además de hacer efectiva una trasferencia de 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra esta lacra, han puesto en marcha las reformas legislativas más urgentes para dar cumplimiento al Pacto.

El texto, que en parte ya avanzó la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado martes tras la Conferencia Sectorial de Igualdad, devuelve a los consistorios las competencias en promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género; además "fortalece" la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

Por su parte, la reforma de la ley contra la violencia de género tiene como fin "mejorar" la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos "que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas".

Según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El Gobierno se basa en el Convenio de Consejo de Europa para no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el maltratador.

De esta forma, modifica la ley integral para ampliar los mecanismos con los que las mujeres podrán acreditar las situaciones de violencia de género, que hasta ahora hacían con la sentencia.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género, según el comunicado.