El anuncio del Gobierno de tumbar la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), cuya resolución fue publicada el pasado 4 de agosto en el BOE, ha sido duramente criticado por esta organización, que en un comunicado ha explicado los motivos por los que decidieron crear el sindicato de trabajadoras sexuales.

"Crear algo desde la nada, abriendo camino, es siempre complicado y requiere un mucho de audacia y otro mucho de inconsciencia, pero la situación de las trabajadoras sexuales en este país nos ha hecho tomar la determinación de, mediante la vía legal, organizarnos sindicalmente", han indicado.

En dicho mensaje, publicado a través de las redes sociales, Otras ha reivindicado que son "mujeres y hombres trabajadores como usted, con la abismal diferencia de que para nosotras los derechos laborales se han convertido en una utopía. Intentar que el empresario te contrate, que puedas acceder a bajas por enfermedad o maternidad, un sueldo a final de mes, vacaciones y una jubilación es impensable".

Asimismo, critican que "algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno" puedan "enmascarar" que "demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia", añaden.

A su juicio, "el feminismo abolicionista esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales que podría comprenderse si no fuera porque los derechos los merecemos todas y no solo unas cuantas privilegiadas".

Tras insistir en que las trabajadoras sexuales merecen "los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española, ni uno más", se preguntan "por qué se acusa a un sindicato que reclama derechos laborales para las trabajadoras sexuales de apoyar al empresariado cuando justamente los sindicatos hacen todo lo contrario".

Cabría cuestionarse, prosiguen desde este sindicato, "a quién beneficia que las mujeres y hombres que trabajan en el sector del trabajo sexual carezcan sistemáticamente de derechos laborales". "Un sinsentido como este que estamos sufriendo en nuestro colectivo lleva a que nos organicemos como personas adultas que somos, librepensadoras y luchadoras", agregan.

En una rueda de prensa este pasado viernes, la secretaria general de Otras, Concha Borrell, y Sabrina Sánchez, otra de las impulsoras del sindicato, han reivindicado el derecho a tener "todo el reconocimiento y respeto de las administraciones", les guste o no su trabajo, y ha denunciado que se otorguen licencias a locales de alterne y que, por el contrario, ellas no puedan organizarse.

Por su parte, desde Trabajo han insistido en que "la prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un 'sindicato' de trabajadores y trabajadoras del sexo se dé cabida a la prostitución".

Además, han explicado que "el registro efectuado ante la Dirección General de Trabajo de este Ministerio se produjo como un mero acto administrativo, y no contiene errores de forma, pero sí de fondo para un Gobierno feminista y que tiene como eje central de sus políticas la igualdad entre hombres y mujeres".

Tras la polémica, las promotoras del sindicato han recibido muchas muestras de apoyo, entre ellas las de los concejales barceloneses del equipo de gobierno Jaume Asens y Laura Pérez, que han defendido que "la prostitución no es legal, pero tampoco es ilegal" y han puesto como ejemplo que "los manteros, en una actividad que sí es ilegal, tienen un sindicato que ni el PP se atrevió a ilegalizar".

Según Asens, "lo que debería ilegalizar (el Gobierno) es la Fundación Franco, no organizaciones de mujeres que ejercen la prostitución u otros colectivos de personas vulnerables. Es más, debería impulsar su autoorganización para protegerlas de abusos".

La coportavoz de En Comú-Podem en el Congreso Lucía Martín ha dicho que "intentar impedir que un colectivo de trabajadoras sexuales se autoorganice y decida montar un sindicato es incomprensible teniendo en cuenta que esa herramienta les permite empoderarse, luchar contra el estigma, la precariedad y por sus derechos sociales y políticos".

El colectivo feminista Genera, que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, ha terciado que "por mucho que digan los medios, la prostitución no es una actividad ilegal", y ha criticado se quiera "criminalizar una actividad y un colectivo".

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha valorado también la creación del sindicato de trabajadoras del sexo "para mejorar sus condiciones de vida".