La minoría del PSOE en el Congreso hará que este otoño esté dominado por las dificultades para aprobar las cuentas del año que viene, que ya entrarían tarde en vigor, en marzo. Lo empeorará más aún el juicio contra el procès, mientras que la gestión migratoria y la exhumación de los restos de Franco también prometen discordia.

La minoría parlamentaria del Gobierno volverá a resentirse este otoño en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que Pedro Sánchez ha anunciado que llegarán al Congreso en noviembre o diciembre. Ante la negativa del PP y Ciudadanos a respaldar las cuentas, el Ejecutivo deberá poner a prueba su capacidad de negociación para conseguir el apoyo, al menos, de los grupos que apoyaron la moción de censura. Al margen de lo que acuerde con ellos, de momento se sabe que habrá dos nuevos impuestos, sobre el diésel del que quedarán exentos los profesionales de la carretera y sobre las transacciones financieras. Mucho menos se sabe en qué quedará el impuesto a la banca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en junio y sobre el que ayer no quiso pronunciarse.

Al margen de lo que pase en el Congreso, para que los Presupuestos de 2019 salgan adelante aún será necesario reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con el veto que, de manera excepcional, tiene el Senado para rechazar las Cuentas. En la práctica es dar capacidad de veto al PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. El Gobierno planea acabar con él mediante una proposición de ley y calcula que el acuerdo tardará unos dos o tres meses tras superar obstáculos como el primero que se espera para hoy mismo, cuando está previsto que el PPy Ciudadanos rechacen tramitarla de urgencia.

La crisis en cataluña seguirá condicionando la política española. El Gobierno necesita los votos afirmativos de los partidos indepedentistas, PDeCAT y ERC, a sus presupuestos, en una negociación que coincidirá con el juicio contra el proceso independentista que matiene en prisión preventiva a exconsellers y al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Su sucesor, Pere Aragonès, ya ha dicho que "no tiene sentido" pedir el voto de ERC en el Congreso y avalar la prisión, entre otros, para el líder de su formación. Aunque el Gobierno rechaza la petición de ERC para orientar el comportamiento de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de cara al juicio, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sí admite que la existencia de políticos catalanes presos "no ayuda" de cara a la negociación presupuestaria.

Agotar la legislatura, tal y como se dispone a hacer Sánchez, se pondrá bastante cuesta arriba si el Gobierno no consigue aprobar los Prespuestos para 2019. La convocatoria de elecciones es un escenario que ni Sánchez ni el PSOE prevén con una negocación por delante en la que no quieren «dar la batalla por perdida». Pero surge como hipótesis razonable teniendo en cuenta que Sánchez considera que las Cuentas vigentes, de 2018, no son «suyas» sino del PP, que las elaboró cuando estaba en el Gobierno, y que se niega a prorrogarlas. Sin presupuesto para 2019 ni prórroga del de 2018, la única opción son las elecciones.

A la espera de ver si con el fin del verano dismimuye la llegada de migrantes por la frontera andaluza, el Gobierno mantendrá una política migratoria en la que, según Sánchez, es coherente acoger a personas a bordo de barcos de rescate como el Aquarius con expulsiones en la frontera de personas que protagonicen «actos violentos de asalto a la valla o de ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Así lo afirmó el presidente, que apostó por la llegada de migrantes «legal y ordenada».

La familia de Fracisco Franco pondrá todas las dificultades para la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos. En todo caso, cuando esto suceda, aún quedará por tomar la decisión de en qué debe convertirse un lugar que el PSOE ahora rechaza que sea un museo para la Memoria.