El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este domingo que no subirá los impuestos que afecten a la clase media y la clase trabajadora dentro de las subidas que se prevén en otros tributos, entre ellos al diésel, que lo hará en una "cuantía razonable", aunque, dijo, quedarán fuera de esa subida transportistas y quienes lo utilicen de manera profesional.

"Le puedo garantizar que no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora", aseguró Sánchez en una entrevista con Ana Pastor en El Objetivo (La Sexta), donde sí confirmó que en el proyecto que presentará el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 sí se incluirán subidas en el Impuesto de Sociedades, para que las "grandes corporaciones" tributen el 15% y no el 6% actual, la subida del IRPF para quienes ganen más de 140.000 euros al año.

Sánchez también incluyó el diésel entre los tributos que plantea subir. "En nuestro país mueren más de 30.000 personas al año por contaminación atmosférica", señaló el presidente, añadiendo que "a un combustible tan contaminante como el diésel queremos subir una cuantía razonable, pero no van a estar afectados ni colectivos profesionales ni camioneros ni lo que lo tienen que utilizar para sus trabajos".

De cara a los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene que el Gobierno negocia con otros partidos, Sánchez también mencionó la creación de un impuesto a las transacciones financieras y volvió a mencionar elimpuesto a las compañías tecnológicas, con el que Sánchez sólo quiso señalar a los gigantes tecnológicos para excluir a pequeñas empresas, como las start-ups.

Según explicó, estos impuestos servirían para incrementar los ingresos del Estado en las cuentas de 2019, que se están negociando con otros partidos en un escenario de realismo entre las "ideologías" y los acuerdos que es posible alcanzar.

Sobre la posibilidad de no sacar adelante un acuerdo sobre los presupuestos, Sánchez no descartó la posibilidad de tener que adelantar elecciones, incluso para este año. "Yo tengo 84 diputados, lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo".

También sobre la dicotomía entre realidad e ideología, Sánchez se refirió al "dilema" que le ha planteado la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, que, según las organizaciones de derechos humanos, se utilizarán en la guerra de Yemen, pero de las que, según indicó el presidente, dependía el contrato para la construcción de cinco corbetas militares en los astilleros de Navantia, en la Bahía de Cádiz.

"La política es muy compleja, es un momento en que uno tiene que priorizar y prioricé mantener las relaciones económicas y comerciales con Arabia Saudí y garantizar los puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz y de Navantia", explicó en la entrevista.

Sánchez trató primero de restar responsabilidad a su Gobierno, al recordar que la venta de las bombas fue acordada por "la anterior administración", y que al Ejecutivo que preside sólo le correspondía hacer la entrega.

No obstante, en relación a la polémica que se generó por la posibilidad de que Riad emplee este armamento contra la población de Yemen o su vinculación con la posible anulación de la construcción de las corbetas, Sánchez explicó que en un momento dado tuvo que "entrar" en una cuestión de hasta entonces gestionaba el Ministerio de Defensa, y se decantó por "la opción más realista", la de garantizar los puestos de trabajo aunque para eso hubiera que entregar las bombas a Arabia Saudí.

"La ministra [de Defensa, Margarita Robles] no ve el impacto que puede tener en contratos que afectan a Presidencia del Gobierno", dijo, en relación con Navantia. "No es que esé vinculado formalmente, pero el mensaje de que queremos paralizarlo traslada una imagen [a Arabia Saudí] de que a lo mejor España está en revisar toda la relación económica con este país".

Dicho esto, Sánchez se hquiso desvincular de que esas bombas terminarán dirigéndose contra los yemeníes y, en línea con la portavoz del Gobieno, declaró que "lo mejor es que no se utilicen".

Sánchez dio estas explicaciones al término de una semana que ha visto dimitir a la exinistra de Sanidad, Carmen Montón, por las irregularidades en torno a su máster y el plagio del trabajo final, y en la que él mismo fue señalado por Ciudadanos y PP por "ocultar" su tesis doctoral primero y después por haber plagiado o no ser él el autor de la investigación con la que en 2012 obtuvo su título de doctor en Economía.

Sánchez explicó que cuando horas antes de dimitir Montón, él la respaldó públicamente, se trató de una defensa de la "gestión" que hizo en el Ministerio. Aunque este domingo volvió a reconocer su trabajo, Sánchez también puntualizó que su caso, el de su tesis doctoral, "es una cuestión distinta".

El presidente aseguró con rotundidad que él es el autor de la tesis, negó que cometiera plagio y aseveró que desde 2012 la investigación era pública porque fue difundida a través de artículos académicos y estaba disponible en la Universidad Camilo José Cela.

Por eso, dijo, se ha mantenido en la petición a los medios que así lo sostienen de que rectifiquen sus informaciones, porque "no se puede permitir una difamación personal". Sánchez no presentará una querella criminal contra nadie, aclaró, pero sí ejercerá sus derechos para "defender mi honor, que ha sido mancillado por una información que no es veraz".

Aún más duro se mostró con los dos partidos, Ciudadanos y PP, que han espoleado las dudas sobre su tesis y, como adelantó la portavoz del Gobierno el viernes pasado, aseguró que no comparecerá voluntariamente en el Congreso para hablar sobre esta cuestión. "Lo que está ocurriendo realmente es que, a falta de una oposición política, la oposición está montando ruido", dijo.