El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que presentará al Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la Constitución para suprimir los aforamientos, sólo a cargos públicos y para cuestiones ajenas a sus responsabilidades políticas. En concreto, fuentes de Moncloa precisan que en un primer momento seria efectivo para "gobierno, diputados y senadores" y que está por "precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas".

Se trata de una "reforma exprés", la modalidad que se empleó en 2011 para que PP y PSOE pactaran la reforma del artículo 135 de la Constitución, que sólo requeriría un referendum si lo pidiera el 10% de los diputados o de los senadores. Según ha dicho Sánchez, podría entrar en vigor en 60 días desde que empiece a tramitarse.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, es la encargada de perfilar una propuesta concreta que, segun fuentes gubernamentales, podría aprobarse en el Consejo de Ministros de este viernes, para luego pasar al Congreso y al Senado.

Según las mismas fuentes, la supresión de los aforamientos no afectaría a todos los aforados en España, unos 10.000, de los cuales sólo unos 2.000 son políticos.

La supresión del aforamiento sólo afectaría a los cargos públicos y no en todas las facetas, sino que la posibilidad de perder el aforamiento sólo se daría para casos que no guarden relación con el ejercicio de sus funciones políticas, es decir, para actos que se consideren privados o ejercidos antes de convertirse en políticos, según los casos.

La duda que se plantea en este caso, por ejemplo, es si quedarían fuera delitos relacionados con la corrupción, como malversación de caudales públicos, a los que se supone que una persona sólo tiene acceso en tanto que cargo público.

Para reducir aún más el ámbito de aplicación de la reforma constitucional que propone Sánchez, fuentes del Gobierno advierten de que, al menos en un primer momento, sólo sería posible retirar el aforamiento a cargos públicos dependientes de la Adminstración General del Estado, no de aquellos que lo hacen de los Estatutos de Autonomía. Miembros del Gobierno, diputados y senadores sí, pero no, por ejemplo, diputados de parlamentos regionales.

En todo caso, como el primer paso afectará a miembros del Gobierno, diputados y senadores, los artículos de la Constitución que Ejecutivo propondrá modificar son el 70.1 y el 102.1, que hacen referencia a que el Tribunal Supremo es el competente para procesarlos.

Según la propuesta que prepara el Gobierno, cuando se dé un caso en el que un polítíco se vea inmerso en una investigación judicial, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado remitirán al Consejo de Ministros sendos informes sobre si debería retirarse el aforamiento. En este caso, la investigación sobre el político en cuestión iría por la instancia judicial ordinaria y no pasaría directamente a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo, según los casos.

Fuentes de la Moncloa esperan que la reforma constitucional que propondrá Sánchez al Parlamento prospere, puesto que la supresión de los aforamientos ha sido algo que todos los partidos, de una manera u otra, han planteado.