Un año del 1-O: la situación judicial y política de los 25 del 'procés'

Un año después del 1-O y de los acontecimientos que desembocaron en la gran crisis de Cataluña, la causa del procés se encuentra a las puertas del juicio oral.

Los procesados podrían sentarse en el banquillo entrado el año 2019, aunque aún hay lagunas: siete de ellos se encuentran fuera de España y la justicia no pide actualmente su entrega; aún no está claro si la Fiscalía mantendrá la acusación por rebelión, y los continuos recursos de las defensas no permiten fijar plazos concretos. Esta es la situación de los 25 procesados:

Expresident de Cataluña. El juez Llarena lo procesó "en rebeldía" el pasado marzo por los delitos de rebelión y malversación. Se encuentra en Bélgica y tiene pendiente una orden de detención en España.

Tras el 1-O, la simbólica DUI y su destitución, Puigdemont salió de España en octubre de 2017 y se fue a Bruselas. El 25 de marzo, tras el auto de procesamiento, el juez reactivó la euroorden contra él —que ya había anulado una vez— y fue detenido en Alemania. El tribunal que vio su caso allí decidió finalmente que no lo entregaría por rebelión, el delito más grave, por lo que Llarena terminó retirando la segunda euroorden. Puigdemont quedó en libertad.

Ahora mismo está a la espera de juicio oral y se puede mover libremente por el mundo, aunque no puede pisar España porque sería detenido. Dada su situación, será juzgado, muy probablemente y como el resto de huidos del procés, por separado respecto de los demás procesados. Ha sido uno de los que ha recusado, sin éxito, a los jueces que compondrán el tribunal.

También ha puesto una querella contra Llarena en Bélgica y recurrió el auto de procesamiento ante el Constitucional junto a una treintena de diputados. En cuanto a su condición de diputado —se presentó a los comicios del 21-D, aunque su reelección como president se frustró—, fue suspendida por el TS; él ha recurrido ante el TC y mientras tanto, el Parlament intenta que otro diputado pueda ejercer sus derechos parlamentarios hasta que todo cambie.

Quim Torra, actual president, ha defendido esta última semana "la restitución de Puigdemont" como objetivo para este mandato y, al mismo tiempo, el expresident sigue adelante con una nueva aventura política: la Crida Nacional per la República, una plataforma transversal que mira a las municipales de 2019.

Exconsellers de Sanidad, Cultura y Agricultura, respectivamente. Están también en Bélgica y han seguido un camino similar al de Puigdemont. El primero fue procesado por rebelión y malversación, y sus compañeros, por desobediencia y malversación. Todos, al encontrarse fuera de España, "en rebeldía".

En su caso, fue un juez belga el que decidió no cursar el pasado mes de mayo las euroórdenes de Llarena contra ellos por un defecto de forma; el juez español las acabó retirando. Los exconsellers, además, se sumaron a la querella de Puigdemont contra el magistrado en Bélgica. Están en libertad, aunque en España tienen una orden de detención.

Toni Comín sigue siendo diputado del Parlament y no le afectó la suspensión decretada por el Supremo, ya que presentó un recurso contra su procesamiento que está pendiente de resolución. Meritxell Serret, por su parte, ha sido nombrada delegada del Govern ante la Unión Europea. Ambos recusaron, sin éxito, a Llarena en junio. Lluís Puig, por su lado, recusó a los jueces del procés, pero su recurso no se admitió, igual que los de Puigdemont y Ponsatí.

Exconsellera de Educación. Está en Escocia. Fue procesada por rebelión y malversación. Estuvo cinco meses en Bélgica con Puigdemont y después viajó al Reino Unido. Ella misma se entregó allí a la justicia. El proceso se paró en cuanto Llarena retiró las segundas euroórdenes contra los huidos el pasado mes de julio.

Está, por tanto, en libertad, aunque si volviera a España sería detenida. En Escocia, Ponsatí ha retomado la docencia en la Universidad de Saint Andrews, plaza que ocupaba antes de ser consellera. Su abogado, Aamer Anwar, participó el pasado 11 de septiembre en los actos de la Diada, en los que leyó un encendido discurso a favor de la independencia.

Secretaria general de ERC. Está en Suiza. Fue procesada por rebelión; huyó el mismo día y renunció a su acta de diputada. Al retirarse la orden de detención con vistas a un proceso de extradición —Suiza no está en la Unión Europea—, Rovira está en libertad, aunque si volviera a España sería detenida.

Exdiputada de la CUP. Está también en Suiza. Fue procesada por desobediencia, aunque se marchó en febrero, antes siquiera de declarar ante el juez Llarena. El país helvético le ha concedido la residencia para cinco años. Sobre ella nunca pesó una orden de detención internacional; su delito es menos grave.

Gabriel no se presentó a las elecciones del 21-D por los límites que los estatutos de su partido fijan para los cargos y representantes. Hace solo diez días, el Tribunal Constitucional decidió por unanimidad admitir su recurso de amparo contra la decisión de Tribunal Supremo de investigarla. Lo presentó junto a Mireia Boya, también de la CUP.

Exvicepresident y exconsellers del Govern (Interior, Presidencia, Exteriores, Trabajo y Territorio). Fueron procesados por rebelión y malversación y están en prisión provisional sin fianza, ahora ya en cárceles de Cataluña tras ser trasladados el pasado verano.

Oriol Junqueras y Joaquim Forn llevan en prisión desde el pasado 2 de noviembre de 2017. Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull salieron tras pagar una fianza en diciembre, pero volvieron a entrar por orden del juez en marzo de 2018 tras el auto de procesamiento. Turull era por aquel entonces candidato a president de la Generalitat (sucedió a Sànchez).

Todos han recurrido su situación varias veces e, incluso, Junqueras y Romeva han pedido que les cambien la cárcel por arresto domiciliario. El pasado 13 de septiembre, además, el Supremo le denegó la libertad a Forn, y Rull y Turull se han quejado de que el tribunal esté dilatando mucho la decisión sobre su último recurso de súplica.

Junqueras ha acudido también al Constitucional: junto a Jordi Sànchez, para recurrir su procesamiento; y junto a Romeva, por la suspensión de su condición de diputado. Todos, menos Forn, recusaron al tribunal que les juzgará.

Forn renunció a su acta de diputado en enero y Bassa lo hizo en marzo. El Supremo suspendió después dicha condición para los demás y ahora el Parlament se dispone a votar una propuesta —que incluye a Puigdemont— que plantea que sus derechos puedan ser ejercidos por otro miembro de su grupo mientras dure su situación jurídica actual.

Expresidente de la ANC y excandidato a president, presidente de Òmnium y expresidenta del Parlament, respectivamente. Fueron procesados por rebelión y se encuentran en prisión provisional sin fianza. Forcadell estuvo un día en la cárcel en 2017 y pudo salir tras pagar una fianza de 150.000 euros, pero volvió a ingresar en marzo con el procesamiento.

Todos han recurrido su situación y también al tribunal que les juzgará. Sànchez, entonces candidato a president de la Generalitat, anunció en marzo que estaba dispuesto a renunciar a su acta de diputado; en julio, el Supremo suspendió su condición junto a las de Turull, Rull, Junqueras y Romeva (y Puigdemont). Forcadell renunció al acta en marzo; Cuixart no era diputado.

Exmiembros de la Mesa del Parlament. Fueron procesados por desobediencia y ninguno ha pisado la cárcel.

El pasado mes de junio, el juez Llarena, de hecho, levantó las medidas cautelares que pesaban aún sobre los cuatro primeros, que recuperaron el dinero de las fianzas y el pasaporte; Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que es Pot y el único de la Mesa que votó en contra de tramitar la declaración de independencia, había quedado directamente en libertad.

Cuando Llarena les comunicó su procesamiento un mes antes (declaraciones indagatorias), los tres primeros dijeron que habían actuado pensando en que les protegía "la inviolabilidad parlamentaria". Ramona Barrufet se negó a declarar.

En julio de este año, Lluís Guinó se convirtió en nuevo vicepresidente del Parlament y Lluis María Corominas en nuevo presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Anna Isabel Simó no se presentó a las elecciones del 21-D y Barrufet es ahora asesora del conseller de Territorio, Damià Calvet. Nuet es coordinador general de EUiA y diputado.

Expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament. Fue procesada por desobediencia, no ha estado en la cárcel ni ha tenido cautelares. El Constitucional acaba de admitir su recurso de amparo contra la decisión del Supremo de investigarla. Es portavoz del secretariado nacional de la CUP.

Exconsellers de Gobernación, Justicia y Empresa. Procesados por desobediencia y malversación. Mundó y Borràs salieron de prisión en diciembre de 2017 tras pagar una fianza de 100.000 euros y tras haber pasado un mes tras los barrotes; Vila, que pagó 50.000, estuvo una sola noche encerrado.

Borràs renunció a estar en las listas de JxCat para el 21-D. Mundó dejó la política, pero acaba de ser nombrado miembro de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano consultivo de la Generalitat sobre legalidad. Vila se dio de baja en verano del PDECat, aunque no quiere dejar la política. De momento es director general de Aigües de Banyoles.