El Tribunal Supremo confirmó el pasado 25 de octubre el cierre de la investigación del 1-O dictado por el juez Pablo Llarena y ha abierto juicio oral contra los 18 procesados por la causa del "procés", entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, nueve exconsellers y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En dos autos, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazó por unanimidad las casi 300 alegaciones y peticiones de práctica de nueva prueba planteadas por las defensas contra el cierre de la instrucción que acordó Llarena en julio, y deja todas ellas para la vista oral con la finalidad de evitar dilaciones indebidas.

Se abrió así la fase de juicio oral, por lo que la Sala da traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox para que en un plazo de cinco días formulen sus escritos de acusación.

Además de Junqueras y Forcadell, la Sala envía a juicio a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila; y a los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Junto a ellos se sentarán en el banquillo los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, además de la exportavoz de la CUP en el Parlament Mireia Boya.

La Sala confirma también el sobreseimiento libre de la causa para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y para la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.

Y acuerda que los jueces Ana María García Ferrer y Andrés Palomo se sumen a partir de la fase oral al tribunal que enjuiciará el 1-O junto al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, de forma que serán siete los magistrados que juzgarán los hechos.

También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila procesados por desobediencia y malversación; así como la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Llarena les imputó el delito de desobediencia.

Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.

Fuentes jurídicas señalan que el juicio comenzará previsiblemente en enero, si bien todo dependerá de los artículos de previo pronunciamiento que se planteen antes de que arranque la vista oral.

Todo apunta a que las defensas harán uso de estas cuestiones previas para, entre otros asuntos, proponer que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el encargado de enjuiciar los hechos y no el Supremo, al considerar que no es el órgano jurisdiccional competente, como así vienen manifestando a lo largo de todo el procedimiento.

En tal caso, todas las cuestiones previas deberán ser presentadas antes de que las defensas eleven sus escritos de calificación y la Sala tendrá que fijar una vista para debatirlas, con el horizonte de resolverlas antes de Navidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado este jueves que el próximo 2 de noviembre la Abogacía del Estado tendrá listo su escrito con las calificaciones respecto a la causa del "procés".

Calvo ha avanzado esta fecha en una entrevista en Onda Cero en la que ha negado que se pueda decir que la Abogacía va a cambiar sus calificaciones respecto a la existencia o no de un delito de rebelión porque no ha habido ninguna hasta ahora y, por tanto, esas serán las primeras.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha aclarado si el Gobierno revisará el delito de rebelión, que se puede imputar a los dirigentes independentistas, ha asegurado que España tendrá que "adecuar" este tipo en "su momento".

Aunque, recuerda que este tipo está conectado con el uso de la fuerza en legislaciones como la alemana, y ha hecho referencia a la decisión de Schleswig-Holstein de rechazar la rebelión en el caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La vicepresidenta ha señalado que la intención que tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que el exministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo defendió en 1994 que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados fue poner en evidencia las contradicciones del PP.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima estos días el escrito de petición de penas para los implicados en el 'procés' independentista en Cataluña y baraja la petición de penas agravadas para los líderes que en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras podrían superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión. Se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal.

El borrador que manejan los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.

La aplicación de estas penas más altas obedece, siempre según el borrador de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.

Entre 20 y 25 años de prisión: para Junqueras y para el resto del exGovern en prisión, según las mismas fuentes, esto es, para los exconsejeros Joaquim Forn (principal responsable de los Mossos de'Esquadra) y el resto de los que se encuentran en prisión que son Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.

Entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad): para los procesados que no tienen malversación, que son la exvicepresidenta Carme Forcadell y los responsables de los movimientos civiles Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) yJordi Cuixart (Ómnium Cultural), mientras que el resto del exGovern procesado y otros diputados que también lo fueron por Llarena podrían aparecer en el escrito con penas más bajas, de entre 5 y 10 años, o incluso quedar fuera de la petición fiscal según las mismas fuentes.

No obstante, la Fiscalía presentará previsiblemente a los magistrados que juzgarán este asunto una petición alternativa, por delitos de sedición y malversación, que en todo caso tienen como consecuencia una petición de pena muy similar al sumarse las de ambos delitos.

El escrito estará listo para ser presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en cinco días que es el plazo que ha dado el Alto Tribunal una vez se ha abierto el juicio oral con los 18 líderes independentistas.

A partir de este jueves, además de la Fiscalía, es el turno de la Abogacía del Estado y de la acusación popular en representación de Vox para presentar sus conclusiones. Le seguirá un turno para que las defensas presenten sus respectivos escritos de defensa y, finalmente, se señalará fecha para el juicio, que se prevé a finales de noviembre o principios de diciembre, para lo que se denomina cuestiones previas, y enero para los interrogatorios y el desarrollo de la vista en sí.