El Supremo archiva la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro relacionada con el caso Púnica

La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en el marco de la causa 'Púnica', porque la instrucción realizada no acredita que haya cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

Esta decisión la ha acordado la magistrada de la Sala de lo Penal del alto tribunal en un auto después de haber practicado varias diligencias, como la declaración de varios testigos que trabajaron con ella en el Ayuntamiento de Cartagena y analizado la documentación que obra en el sumario. De este modo sigue el criterio de la Fiscalía que solicitó el archivo.

Según explica en dicho auto no hay "sospechas de corrupción contra la investigada" sobre la presunta desviación de dinero público para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes sociales.

"Débil material probatorio"

En el auto, la jueza acuerda el sobreseimiento ante "el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio" que "carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción".

Pilar Barreiro se incorporó en el Pleno del Senado del pasado 10 de abril al Grupo Mixto tras dejar el del grupo popular para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el caso Púnica se pudiera utilizar como "presión" al PP por parte de Ciudadanos.

Ahora, la dirección del PP prevé reincorporar a la al grupo parlamentario popular. Fuentes de la dirección del PP han confirmado a EFE que la intención del partido es que Barreiro reingrese de nuevo en el grupo.

Es la segunda vez que el Supremo da carpetazo a una causa contra Barreiro tras archivar las actuaciones por su presunta corrupción en la trama urbanística conocida como Novo Carthago, sobre unos terrenos próximos al mar menor en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.

El Tribunal Supremo asumió la investigación contra Barreiro por la Púnica en septiembre de 2017 tras elevar exposición razonada el juez Eloy Velasco cuando estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En aquella comunicación se exponía "la adjudicación de contratos públicos que pagarían auténticos servicios particulares" para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes con dinero público.

Ferrer recuerda que la acusación contra Barreiro se sustentaba en un informe de la UCO de la Guardia Civil elaborado con documentación incautada en registros de Púnica y aportada por el Ayuntamiento de Cartagena, así como con pinchazos telefónicos al empresario Alejandro de Pedro, imputado en la causa.

Sin embargo, según la magistrada del Supremo si bien este informe permitió "sustentar la razonable sospecha" contra Barreiro, no se han hallado pruebas para que se la siga investigando.

"No ha quedado conformada una apariencia suficientemente sólida respecto a la intervención de la aforada, entonces alcaldesa de Cartagena, en la estrategia defraudatoria por la que se la sometido a investigación", concluye la jueza.

Para Ferrer, está probado que Barreiro se reunió con De Pedro y éste le ofreció un plan de comunicación para mejorar su reputación en internet, pero no hay "elementos suficientemente solventes para afirmar, con una base indiciaria consistente, que la señora Barreiro se hubiera concertado con otros investigados para conseguir mejorar su imagen pública con cargo al erario público".

Según la tesis del juez Velasco, sus trabajos de reputación en internet se pagaron, entre otras cosas, con dinero de la Concejalía de Turismo dentro de un contrato de publicidad institucional con la empresa Madiva, relacionada con la Púnica, pero la magistrada del Supremo afirma que hay datos que permiten deducir que esta publicidad institucional efectivamente "se llevó a cabo".

Además, Ferrer da credibilidad a la versión que dio Barreiro cuando reconoció que se había reunido con De Pedro en 2014 para gestionar la publicidad institucional y que, en ese encuentro, le ofreció un plan para mejorar su imagen en internet, pero sin que ese servicio fuera a ser pagado con cargo al dinero público, sino al PP de Cartagena.

La jueza deja la puerta abierta a reabrir las actuaciones en un futuro, si se añadieran nuevos elementos de incriminación y sin que esta decisión trascienda respecto a las demás investigaciones en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.