Por un solo voto. Con 15 votos a favor y 13 en contra, los magistrados del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han dado este martes la razón a los bancos y decidieron que los clientes tienen que pagar el Impuesto de Actos Juídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas.

La Sala, profundamente dividida y al borde del empate, se desdice así de las sentencias publicadas hace casi tres semanas en las que cargaban a los bancos con esta tasa. A pesar de lo que pronosticaban los expertos, el tribunal ha dado marcha atrás y vuelve al criterio anterior a las sentencias del 18 de octubre. En una breve nota de prensa, el Supremo adelantó que "el texto de las sentencias se conocerá en los próximos días".

Terminan así más de 15 horas de de reunión divididas en dos días marcados por la incertidumbre de entidades bancarias, asociaciones de consumidores que llevaban años reclamando la devolución de este impuesto e incluso de los partidos políticos, que tampoco han sabido hasta la resolución qué iba a determinar el tribunal.

El embrollo comenzó el pasado 19 de octubre, cuando, en una reacción "insólita" a nivel judicial, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, decidió paralizar la sentencia que daba la razón a los usuarios y avocaba al Pleno la decisión definitiva. La nota informativa del presidente provocó un aluvión de críticas incluso por parte de las asociaciones mayoritarias de jueces, que calificaban de "gran error" este giro de los acontecimientos.

El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, tuvo que pedir perdón por la crisis y lamentó no haber"gestionado bien" el problema. Podemos decidió querellarse contra Díez-Picazo acusándole de prevaricación, aunque finalmente el Supremo desestimó la denuncia. El partido morado anunció este lunes que recurrirá.

Europa Press destaca que Díez-Picazo se inclinó durante el debate por una solución intermedia: que los bancos pagaran el impuesto pero sin retroactividad, es decir, solo a partir de que se dictara la sentencia. Ante la oposición de varios de los 28 magistrados, el presidente adoptó la postura de volver a la antigua jurisprudencia

Justamente el lunes, antes de conocerse la resolución, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha calculado en cerca de 5.000 millones el potencial impacto en las arcas públicas de la devolución del impuesto, y ha asegurado que el Ejecutivo maneja un "plan" para coordinar sus actuaciones con las Comunidades Autónomas.

Con esta decisión, el Gobierno de Sánchez no tendrá que sufrir un posible aumento de "cuatro o cinco décimas" en el objetivo de déficit, como apuntaba la ministra, pero lidiará con las miles de reacciones en contra que incluso ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial.

Tras la sentencia, fuentes del Ejecutivo han asegurado que van a "fijar su posición" sobre esta decisión este jueves, en la reunión del Congreo de Ministros, que se adelanta un día debido a que el viernes es festivo en Madrid. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha limitado a asegurar en los pasillos del Senado que "hay que respetar" las decisiones judiciales.

Tras la decisión se han producido las primeras reacciones. La organización de consumidores Facua la ha calificado de "aberrante" y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión de Díez Picazo por su "gestión pésima".

Por su parte, el líder de Podemos Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a la "movilización cívica". De hecho, Podemos e Izquierda Unida ya han convocado a una manifestación frente a la sede del Supremo en Madrid el Ssábado a las 18.00 h.

El presidente del PP en Cataluña, Xavier García-Albiol, también se ha manifestando en contra de la decisión, tachándola de "grave error". Sin embargo, el portavoz de Economía del PP en el Senado y portavoz adjunto, José Manuel Barreiro, ha valorado que se haya acabado la "confusión" de la sentencia sobre las hipotecas. 

Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho en los pasillos del Senado que "hay que respetar" las resoluciones judiciales. El Gobierno prevé fijar el próximo jueves su posición sobre la decisión del Supremo tras analizar con detenimiento esta resolución.

Alberto Garzón y Pablo Iglesias, líderes de IU y Podemos respectivamente, convocaron en cuanto se conoció la sentencia una manifestación delante de la sede del Tribunal Supremo en Madrid. "El sábado a las 18.00 [...] nos vemos con la ciudadanía para defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad", aseguróIglesias en Twitter. "¡Democracia real ya!", clamó Garzón.