Frustrado. Con la sensación de haber perdido cinco años de su vida. Discriminado. Así es como se siente Pablo Núñez Erramusbea desde abril, cuando a falta de un último examen, fue apartado de la oposición a Policía Nacional. El motivo: le acababan de diagnosticar diabetes, una enfermedad que en España afecta a unos seis millones de personas y de la que este miércoles se celebra el día mundial.

A sus 33 años, este sevillano ha sido víctima de una norma de 1988 que excluye a los diabéticos del acceso a determinados empleos públicos, entre ellos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; una norma que no contempla los avances médicos que ha habido en torno a esta patología en las tres últimas décadas y que permiten a la gran mayoría de estos enfermos llevar una vida normal.

Es el caso de Pablo, que se afana en apuntar que se cuida, que su diabetes está "totalmente controlada" y que no ha tenido ningún percance desde que le comunicaron el diagnóstico. "Gracias al deporte prácticamente no tengo que inyectarme insulina. Me pincho por la noche pero muchas veces la dosis de la hora de comer no la necesito. Me suministro como mucho una unidad, incluso en ocasiones 0,5, que es lo estipulado para los niños pequeños", relata al otro lado del teléfono. "En la última revisión me salía un porcentaje de azúcar que parecía el de una persona sana", continúa. Incluso tiene en su poder un informe de su especialista que defiende que su diabetes, de tipo 1, no le impide realizar ninguna profesión. El tribunal calificador sin embargo no lo ha tenido en cuenta.

Este joven considera que la discriminación es doble porque el denominado Cuadro de Exclusiones no afecta a las personas a las que se les detecta la enfermedad una vez dentro del cuerpo. "Se amparan en que ya son funcionarios y que tienen unos derechos adquiridos, pero yo tampoco soy alguien que empieza. Me siento muy mal porque llevo cinco años preparándome. He invertido mucho tiempo, dinero, viajes a Ávila, a Madrid... Superé todas las pruebas físicas, de conocimientos, ortografía, y también el biodata, el test de personalidad y la entrevista personal. Pero cuando estaba en el final del proceso se me dejó fuera y de buenas a primeras no vale nada de lo que he hecho. Me apartan de la oposición por ser diabético", se queja.

Él reivindica que la expulsión no se haga de forma genérica y que cada caso sea abordado de forma individual, valorando qué tipo de diabetes tiene el candidato, en qué nivel, desde cuándo la padece, si se cuida.... "No sé lo que me puede pasar dentro de diez años pero para eso están las pruebas. Si en alguna revisión futura me ven mal o presento algún inconveniente yo sería el primero en decir que la salud está ante todo. Pero ahora que estoy bien, que me dejen entrar, formarme y desarrollarme profesionalmente", reclama. En sus circunstancias se siente capacitado para hacer labores operativas pero recuerda que en la Policía no todos los agentes están patrullando en la calle. Hay muchas unidades y tareas que no requieren tanto esfuerzo y que son asumibles si la patología se agudizase.

Pablo no se rinde y tiene presentado un recurso de alzada contra la decisión que le dejó fuera de la oposición. No ha obtenido respuesta y, ante ese silencio, procederá a interponer un recurso contencioso-administrativo. Su expediente sigue abierto, por lo que su baza pasa por que el cambio normativo llegue a tiempo y se le permita hacer la prueba que le queda en la siguiente convocatoria.

Su esperanza está depositada en que el PSOE cumpla como Gobierno lo que ya planteó en marzo del año pasado como oposición. Los socialistas llevaron al Congreso una proposición no de ley para "acabar con la discriminación de los enfermos de diabetes en el acceso al empleo público". Pablo espera también que la decisión tomada recientemente por la Comunidad Valenciana de permitir a las personas con diabetes y VIH ser agentes locales impulse el camino a seguir.

Esa modificación legislativa que le permitiría cumplir con su deseo de ser policía es por la que lleva dos años luchando la Federación Española de Diabetes (FEDE). Su presidente, Andoni Lorenzo, tiene programada este miércoles una cita con el director general de Función Pública para tratar el asunto, y tras la que mantuvieron el pasado día 8, aspira a que esta sea "la definitiva". En octubre, los representantes de la organización se reunieron con el presidente del PP, Pablo Casado, de quien obtuvieron el compromiso a apoyar sus acciones. Este encuentro fue el primero de una ronda de contactos con los principales partidos. Su objetivo es seguir trasladándoles la necesidad de actualizar una norma "obsoleta" y "discriminatoria".

Mientras los cambios normativos llegan, la vida de Pablo se ha estancado. Con estudios, 33 años y habiendo aprobado casi una oposición, de momento trabaja de "lo que va saliendo". Licenciado en Periodismo, ha intentado retomar la profesión, pero "la situación está difícil". Confía en que contar su historia sirva para concienciar a los políticos, pero también a la sociedad, porque sobre este asunto existe un gran desconocimiento: "Yo mismo, opositor de cinco años, no sabía que la diabetes era motivo de exclusión. Cuando me lo dijeron, lo primero que hice fue mirar las bases de la convocatoria a ver si era verdad y sí, finito, ya estaba sentenciado".