-(Ella escribe): "Aun con becas de libros este inicio de curso he gastado 200 euros (90 en uniformes, 26 en playeras, 31 en mochilas, 40 en material del niño y 12 en cosas varias). Y aún queda el material de la niña por comprar (40 euros más, creo). Me tendrías que dar la mitad...  Aportar algo, que también son tus hijos".

-(Él escribe): "Suerte".

Ella lleva varios meses separada de él. Él debería pasar, cada mes, 150 euros por los dos hijos en común. Todavía no le ha ingresado ni un solo euro. Los hijos están por completo a cargo de su madre, que además ha tenido que abandonar la vivienda en común. Cuando una vez ella le preguntó a él por qué no hacía frente a sus deberes familiares, él le contestó que si ella había tomado la decisión de separarse, ella tenía que valerse sola con los hijos.

Hay ocasiones en las que el maltrato a una mujer perdura incluso después de condenado el agresor por violencia de género. Porque hay hombres que siguen ejerciendo dominio sobre sus exparejas a base de 'asfixiarlas' económicamente incumpliendo el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos. Es una de las modalidades de la violencia de género económica, con la que el agresor mantiene una posición de control, empobrece a su ex, la somete a estrés psicológico, y aumenta la vulnerabilidad de sus hijos.

En el caso real de ella y él, él alegó en la vista ante el juez que no tenía trabajo. Ella asegura que en realidad cobra en negro y no pone bienes a su nombre, aunque tiene vivienda y coche. Recientemente el juez ha estipulado, de nuevo, que 150 euros es "lo mínimo" que debe de pasar para la manutención de los pequeños, de 7 y 11 años. Pero sigue encadenando meses de deuda con ellos.

La abogada de oficio le ha dicho a ella que no malgaste el tiempo en denunciar por la vía penal la reiteración del impago como violencia machista porque "prácticamente nadie entra en prisión ni es condenado por esto". A pesar de que la ley impone penas de 3 meses a un año. Según Instituciones Penitenciarias, a día de hoy hay 93 hombres en prisión con una condena en firme por este delito.

El impago de pensiones fijadas mediante sentencia judicial constituye un delito de violencia de género según la ley española desde 2015. Y, aun cuando no medie otro tipo de violencia machista, debería de atenderse en los juzgados de violencia de género. Sin embargo, la jurisprudencia hasta la fecha ha limitado la asunción de este delito en los juzgados específicos a la concurrencia de otro acto de violencia machista adicional.

La presidenta del observatorio contra la violencia de género del Poder Judicial, Ángeles Carmona, reconoce que debería haber una "aclaración de la norma", que trae confusión sobre quién debe juzgar este delito de omisión de deberes familiares.

Las víctimas de violencia económica suelen ser mujeres que han tomado la decisión de terminar la relación en contra de la voluntad de su agresor. Así lo explica Ana María Pérez del Campo, presidenta de la primera asociación española de mujeres separadas. "El hombre va a emplear varios medios, uno el económico, para seguir castigándola a ella, y a sus hijos". "Hay veces que se denuncia y se consigue cobrar. Otras muchas no se consigue ni el embargo de los bienes", agrega. "Y debería preocuparnos más, porque el impago de las pensiones supone la utilización de los hijos para castigar a la mujer".

Hay casos "clamorosos", según Pérez del Campo. "Como cuando él trabaja en una empresa familiar y aun así dice que no puede hacer frente a una pensión, que son [pensiones] de hambre. Es un desprecio a los hijos y un castigo por poderes contra la exmujer".  La asociación siempre recomienda denunciar por lo civil, sin embargo. "Porque nosotras no estamos fomentando una guerra de odios, sino una guerra de eficacias. Lo que queremos es que paguen, no que les metan en chirona, que estas señoras puedan llegar a fin de mes dando de comer a sus hijos".

"El dinero se necesita todos los meses y todos los días", añade, y lamenta que estos hombres, pese a no pagar la pensión, sigan teniendo derecho a ver a sus hijos. "Sabemos que es una ficción que no tengan ingresos, es mentira, ellos siguen viviendo. Pueden no pagar un céntimo y sin embargo tienen derecho al régimen de visitas".

También lamenta que a ellos les baste aducir precaria situación económica y ellas sean las que deban demostrar con pruebas materiales que disponen de medios para pagar los alimentos de sus hijos. "Es una incongruencia que ellas, como víctimas de violencia de género, estén en el turno de oficio, pero ellos que no pagan la pensión puedan contratarse a un abogado privado. Hace falta ser muy torpe para no darse cuenta de que eso es un castigo, pero hay jueces que no lo ven", asegura Pérez del Campo.

Olga es una de cientos de mujeres en España que años después de dar el paso de dejarle sigue siendo una víctima de su exmarido, condenado por violencia de género. Ella mantiene a los trillizos de los que su padre y maltratador sentenciado se desentendió a partir de la separación.

"Cuando me separé teníamos una hipoteca y la obligación de pago era de los dos. Hubo acuerdo de seguir pagándola y yo todos los meses metía la mitad del dinero. Él no solo no metía su parte, sino que sacaba la mía". Refugiada en un centro de recuperación para mujeres maltratadas, Olga no recibía tampoco la pensión alimenticia de sus trillizos. Doce años después sigue igual. "Jamás ha pasado absolutamente nada. Yo sigo actualizando lo que les debe a sus hijos. La pena es que no tengo esperanza de recuperarlo. Van ya cerca de 60.000 euros".

"Han sido años muy duros y el impago de alguna manera además te hace estar reviviendo la situación constantemente. Y si no estás tú bien, puede afectarte psicológicamente. Pero está convencida de que más que ella lo sufren sus hijos, "que están perdiendo calidad de vida, porque hay cosas que no tienen. Es muy duro que tengan un excursión en el colegio, de 15 euros, y no pueda permitírmelo. O que no pudieran ir al viaje de fin de curso de 4.º de la ESO".

La abogada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis María Durán también considera el impago de la pensión alimenticia como una manera "de prolongar el control sobre la madre" y de persistir en un maltrato a los hijos, "que ven restringido de un modo importante toda su capacidad de desarrollo de su potencial". Y apunta, además, que no es un caso aislado sino una 'pauta de funcionamiento' para un número importante de maltratadores el dejar de pagar sus cuotas de la hipoteca en común: "Y eso supone el desahucio de la familia".