El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que su departamento cumplirá "con celeridad" con el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que ha pedido un informe urgente sobre el supuesto robo de "documentos sensibles" al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Preguntado sobre dicho requerimiento al finalizar la entrega de medallas al mérito de Protección Civil, Marlaska ha asegurado que no puede facilitar información al respecto porque se trata de una causa en fase de instrucción y, por tanto, secreta.

"Lo que si puedo decir es que va a ser cumplimentado con la máxima celeridad, como no podía ser de otro modo", ha añadido el ministro respecto a la petición del juez encargado de la instrucción del caso Bárcenas, José de la Mata.

El magistrado, que indaga los llamados "papeles de Bárcenas" de la contabilidad paralela del PP, ha abierto una línea de investigación a raíz de las informaciones publicadas sobre este dispositivo, el conocido como "Kitchen" y que, supuestamente, habría montado en el año 2013 el excomisario Villarejo con el objetivo de recuperar "documentos sensibles" que el extesorero del PP se había llevado.

De la Mata, por tanto, ha reclamado a la Secretaría de Estado de Interior que "a la máxima urgencia" la remita un "informe completo" sobre la Operación Kitchen y "en particular en lo relativo a sus objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, etc", sin dejar de lado "la identidad de todas las personas que hayan participado en la misma y la de sus últimos responsables".

Marlaska también ha hablado de otra petición, esta vez del juez Diego de Egea, encargado del caso Villarejo, para que le autorice a tomar declaración a imputados en la causa sobre información protegida por la Ley de Secretos Oficiales.

"La única opción es elevar esta cuestión al Consejo de Ministros y dejar sin efecto esa circunstancia" ha afirmado Grande-Marlaska antes de recalcar que, a pesar de que él es miembro del consejo, se trata de un órgano colegiado del que no puede anticipar ningún pronunciamiento.

Si el Ejecutivo lo autoriza, los imputados podrán hacer revelaciones que por ahora esta ley les impide, como lo hace también la Ley de Gastos Reservados, en este caso respecto al uso de "fondos reservados" en operaciones policiales.