El riesgo de desahucio de la vivienda aumenta un 80% el de enfermedad mental, según un estudio de la PAH

La vulneración del derecho a la vivienda y la pobreza energética tienen un impacto directo en la salud física y mental de las personas que son víctimas de estas problemáticas. Así lo demuestra el informe presentado este jueves en una rueda de prensa elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ESF) y el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC) con la colaboración de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). Este señala que las personas que están en riesgo de perder su vivienda o sufren una situación de pobreza energética tienen un 80% más de probabilidad de padecer problemas mentales.

Respecto a los menores, se recoge que un 15,8% de los niños y un 25% de las niñas que sufren pobreza tienen mala salud. Se trata de un resultado que supera con mucha diferencia al 1,8% de niños y el 1,4% de niñas con mala salud que sí disfrutan del derecho a la vivienda digna.

Los menores de las familias de la PAH y la APE entrevistados también obtienen una puntuación menor en la calidad de vida, un 76,7 % en las niñas y un 73,4 % en los niños, relacionada con la salud pública que los más pequeños de la población general de la ciudad, que se sitúa en el 84,6 % y el 87,3 %, respectivamente.

La técnica superior de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Ana Novoa, ha destacado que "desde la sanidad pública se puede garantizar el acceso de los menores y darles una atención sanitaria", aunque ha añadido que "al final les pueden dar un tratamiento médico, pero lo que se debe hacer es sacar a estos menores de la situación en que viven".

La prevalencia de trastornos crónicos en menores en enfermedades como asma, bronquitis u otitis también es mayor entre los niños de familias con riesgo de perder la vivienda que entre los menores de la ciudad condal.

Los niños de las familias encuestadas en este estudio tienen una prevalencia del asma del 20,8 %, mientras que entre los menores de la población general de Barcelona los niños están en el 5,7 % y las niñas, en el 2,8 % de prevalencia.

En cuanto a los trastornos crónicos, la hipertensión arterial, el asma, la bronquitis crónica, la migraña, la angina de pecho, el artrosi, la osteoporosis y el dolor de espaldas crónico lumbar o dorsal son los trastornos que más aparecen como consecuencia de una vivienda precaria. El porcentaje de usuarios de la PAH y la APE dobla al del resto de la población.

Se trata del tercer informe que presentan para abordar en profundidad las consecuencias que supone el difícil acceso a la vivienda y la pobreza energética. La trilogía de informes se realiza en un contexto crónico de emergencia habitacional y pobreza energética que afecta a un elevado número de familias en Barcelona.

El estudio visibiliza la relación entre vivienda y salud y las asociaciones que lo presentan han trabajado conjuntamente con los objetivos de generar un debate público y fomentar que las administraciones tomen medidas ante la vulneración de derechos humanos, reconocidos internacionalmente, que se sufre en el Estado español.

Para atenuar los efectos negativos de las problemáticas de vivienda sobre la salud se recomienda que se creen sistemas de información relativos a estas problemáticas para visibilizar la realidad de este fenómeno.

La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, ha incidido en que el objetivo es que "no sólo se hable de la punta del iceberg de la cuestión", como pueden ser el suicidios o "asesinatos financieros", sino de todas las otras consecuencias sanitarias de la cuestión.

También han detectado que las mujeres que llevan más tiempo formando parte del movimiento social tienen una mejor salud mental que las que se han incorporado más recientemente. De forma que concluyen como hipótesis que estar en un movimiento donde los usuarios comparten las mismas consecuencias, ayuda a reducir el riesgo de sufrir una mala salud mental.

Por este motivo, defienden como solución a las consecuencias sanitarias de la vivienda, la presencia de una atención de manera colectiva.

El informe pretende incidir en cambios legislativos y políticos que reduzcan la magnitud del problema y garanticen el acceso a los suministros y a una vivienda digna para todo el mundo.

La directora de la Observatorio DESC, Irene Escorihuela ha manifestado en la presentación del informe, su voluntad de "sumarse a las reivindicaciones" que se estaban haciendo en aquel mismo momento en el centro de Barcelona por la mejora del servicio sanitario en Cataluña, puesto que consideran que la "salud es un derecho que tiene que ser defendido".