El Gobierno propone limitar los aforamientos del Ejecutivo y parlamentarios pero no para delitos de corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley para la Constitución con el fin de limitar los aforamientos, que afectará al presidente del Gobiernos y sus ministros, diputados y senadores, de manera que sólo tendrán blindaje judicial durante la duración de su mandato, lo que dejaría fuera delitos relacionados con la corrupción, que en la mayoría de las ocasiones se cometen en el ejercicio de un cargo público.

"Estarán aforados los cargos públicos en el estricto ejercicio de sus funciones y nada más", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la propuesta de reforma constitucional que será presentada al Congreso y para cuya entrada definitiva en vigor el Ejecutivo tiene previsto un plazo de un año.

Acerca de la ausencia de provisiones relacionadas con levantar el aforamiento para delitos como el tráfico de influencias, falsedad documental o malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con la corrupción que no existe como delito en sí mismo, Calvo ha indicado que "no hay una sola  Constitución en el mundo que tenga una lista de delitos". Además, ha aducido que los relacionados con la corrupción "cambian de concepto, terminología y condiciones" y ha recordado que a los políticos los juzga la Sala de lo Penal del Supremo.

En ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Buenos Aires para participar en el G-20, Calvo ha presidido este viernes el Consejo de Ministros que ha aprobado una propuesta de reforma constitucional que ha considerado "cuantitativamente pequeña", puesto que sólo afecta a dos artículos, pero "muy importante desde el punto de vista político" porque, ha dicho, pone a España en línea con el régimen de aforamientos que existe en países europeos como Francia o Alemania.

En España hay unas 10.000 personas aforadas, que en lugar de ser juzgadas por un tribunal de primera instancia deben serlo directamente por una instancia superior, el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Entre ellos hay jueces, miembros de loscuerpos y fuerzas de seguridad y también políticos, unos 2.000.

El "acotamiento" del aforamiento que busca el Gobierno con esta reforma constitucional se ciñe sólo a los miembros del Gobierno -el presidente y sus ministros- y a los diputados del Congreso y los senadores. En total, 633 personas.

"Hasta ahora era la persona", la que estaba aforada, "con esta reforma, cuando alcance su aprobación, lo estará el ejercicio de su funciones y nada más", ha señalado la vicepresidenta.

Cuando Sánchez anunció en septiembre su intención de reformar la Constitución en este sentido, desde el Gobierno se dejó caer la idea de que lo ideal sería que después los gobiernos regionales y los parlamentos autonómicos también la siguieran, con la modificación de sus respectivos estatutos de autonomía. Esta idea provocó particularmente el rechazo de los independentistas catalanes que lo consideraron una injerencia en su autogobierno.

Este viernes, Calvo ha expuesto que "tenemos que respetar la estructura territorial de nuestro país" y que el Gobierno "no puede plantear en esta reforma lo que tienen que hacer los parlamentos autonómicos", pero ha esperado que si esta reforma ve la luz se produzca una "armonización de los cargos públicos".

El Ejecutivo propondrá reformar los artículos 71.3 y 102 de la Constitución que disponen, respectivamente, que "en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" y que "la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

En ambos casos, la reforma consiste añadir en la redacción de estos artículos la puntualización "en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

Según ha explicado Calvo, habrá un artículo único que afectará a la redacción de estos dos artículos, con tres disposiciones para el periodo de entrada en vigor y la adaptación del resto de las normas en la misma dirección de la reforma constitucional. El Gobierno prevé el plazo de un año para que estén realizados todos los cambios y, por tanto, la reforma de la Constitución sea plenamente efectiva.

El anteproyecto de ley incluye una disposición "restrictiva" para que cualquier modificación que se pueda hacer de los aforamientos quede "absolutamente cortocircuitada", que por el desarrollo legislativo no se pueda ampliar lo que ahora se reforma".

Según el procedimiento que contempla el Gobierno, ahora se remitirá la propuesta de reforma aprobada este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, como ya hizo de manera preventiva el Consejo de Estado, elaborará un informe en el plazo de un mes.

En paralelo, Calvo ha anunciado que el presidente del Gobierno iniciará en los próximos días una "ronda de trabajo y puesta en común" con los portavoces de los partidos en el Congreso para tratar de asegurar la mayoría de tres quintos que requiere esta propuesta para ser aprobada en esta Cámara.

En el Senado también es necesario el apoyo de tres quintos de sus miembros, es decir 159 senadores del total de 266.

"Pensamos que con esta reforma trasladamos a los ciudadanos y ciudadanas una importante seguridad de que los cargos públicos de nuestro país están sometidos con igualdad a las leyes para rendir cuentas de nuestros actos", ha explicado Calvo sobre una reforma que iniciará dentro de un mes un proceloso trámite parlamentario.

El Gobierno necesita conseguir una amplia mayoría, de tres quintos, 210 diputados de 350, junto a partidos que como PP y Ciudadanos rechazan cualquier propuesta que venga del Gobierno y otros que, como Podemos y PNV que ya dijeron hace semanas que les gustaría abrir el melón para cuestionar también la irresponsabiildad penal del Rey.

La reforma para reducir los aforamientos que plantea ahora el Gobierno es una reforma exprés como la que acordaron en 2011 PSOE y PP para reformar el artículo 135 e introducir en la Constitución el concepto de estabilidad presupuestaria, de manera que el pago de la deuda pública sea prioritario sobre cualquier otro gasto.

En aquel momento, antes de la fragmentación del Parlamento con la llegada de Podemos y Ciudadanos, fue facil alcanzar la mayoría suficiente para la reforma, algo que ahora no está garantizado.

Asimismo, para este tipo de reforma exprés de la Constitución, se prevé que deberá ser refrendada con un referendum si así lo pide un 10% de sus miembros, es decir, 35 diputados. A pesar de que IU lo hubiera querido, en 2011 no hubo diputados suficientes para ello.

En 2018, por lo que respecta a la reforma constitucional para reducir los aforamientos, Podemos ya anunció que, con sus 69 diputados, pedirá celebrarlo.

A este respecto, Calvo ha indicado este viernes que el Gobierno no piensa disuadir a Podemos de estas intenciones. "No podemos decir a ningún grupo de la Cámara que con su fuerza cuantitativa no haga un referendum. No podemos ni debemos, ya veremos si se produce, porque es un requisito constitucional",ha dicho.