El Gobierno colma de 'gestos' a Cataluña con más inversiones y un homenaje tardío a Companys y Tarradellas
- Los independentistas tildan de "colonial" la decisión "unilateral" de cambiar el nombre del aeropuerto del El Prat.
- Artadi minusvalora los acuerdos. "Quizá no hacía falta venir", ha dicho.
- ¿Quién fue Lluís Companys?
En las semanas y días previos al Consejo de Ministros que se ha celebrado este viernes el Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en dotar a esta reunión de una agenda eminentemente social, con medidas como la subida del salario mínimo o del sueldo de los funcionarios. No obstante, el Ejecutivo ha tomado también tres decisiones relacionadas con Cataluña, de índole política y simbólica y también contante y sonante, con una inversión de 112 millones para las carreteras catalanas.
Este tercer acuerdo relativo a las carreteras es el único de los asuntos catalanes del que informaron este jueves fuentes gubernamentales. Los 112,7 millones aprobaron se destinarán en obras de acondicionamiento de vías en las cuatro provincias de Cataluña.
Por el contrario, este viernes han sido sorpresa los otros dos, una declaración de condena del juicio franquista que desembocó en la ejecución en 1940 del presidente de la Generalitat Lluís Companys y el cambio del nombre del aeropuerto barcelonés de El Prat por el de Josep Tarradellas, en homenaje al primer presidente de la Generalitat de la democracia.
Apuesta por el entendimiento
Para el Gobierno, estos dos acuerdos "demuestran una vez más el compromiso con una política de reconocimiento de algunos de los símbolos más importantes de la historia catalana reciente". "Una apuesta por el entendimiento, el reconocimiento y la conviencia que este Gobierno no va a abandonar nunca", han asegurado fuentes de Moncloa.
Por el contrario, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha restado importancia a la reunión barcelonesa del Ejecutivo en una rueda de prensa en la sede del Govern en la que ha señalado que "no hemos visto grandes anuncios sobre Cataluña". Ha criticado algunos de los acuerdos que se han adoptado, unos porque, ha dicho, ya se habían previsto y no cumplido en años anteriores, y otros porque no atajan problemas, como el cambio del nombre del aeropuerto.
"Quizá no hacía falta venir", ha concluido Artadi.
Barcelona es la segunda ciudad a la que Sánchez ha trasladado desde Madrid el Consejo de Ministros. La primera fue Sevilla, en el mes de octubre, cuando el único asunto andaluz de la agenda del Gobierno de ese día fue un real decreto ley para acabar con las embarcaciones neumáticas semirrígidas que trafican con drogas y hacen trata de personas en las costas del Campo de Gibraltar.
Este viernes, los acuerdos catalanes del Consejo de Ministros de Barcelona han sido tres y uno de ellos, el relacionado con el nuevo nombre del aeropuerto, no está exento de polémica.
Aeropuerto Josep Tarradellas
El Gobierno ha decidido iniciar los trámites habituales para cambiar el nombre a una infraestructura del Estado como es el aeropuerto de El Prat, para que lleve el nombre Josep Tarradellas.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, en rueda de prensa,el Gobierno se pondrá en contacto con la Generalitat y con los dos municipios afectados El Prat y Barcelona. También con la familia del presidente catalán.
El Ejecutivo ha pretendido así enviar un "mensaje de concordia, entendimiento y diálogo, con el reconocimiento de la figura del presidente Tarradellas", ha explicado Celáa. Sin embargo, nada más conocerse, la decisión ha suscitado críticas en el entorno independentista.
El portavoz de JuntsPelCat e el Parlament, Albert Batet, ha reprochado que se trata de una "decisión unilateral". "¿Y el pantano, a qué hora lo inauguran?", se ha preguntado de forma irónica y ha lamentado que "para esto sí que valen las vías unilaterales".
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha considerado de que esta decisión demuestra que el Estado trata a Cataluña "como una colonia".
Ejecución de Companys
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración en la que condena y rechaza el juicio y posterior ejecución de Companys, pero no la anulación del proceso, tal y como reclama ERC.
La ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, ha explicado que para eso hace falta un cambio normativo, que es el que precisamente se está tramitando en el Congreso.