Colau abre expediente a 14 propietarios de pisos protegidos deshabitados o que se alquilan irregularmente

La escasa vigilancia que había hasta hace poco en Barcelona de los propietarios de pisos de protección oficial (VPO) de compra alimentaba la picaresca de algunos de ellos, que los tienen deshabitados o bien los alquilan irregularmente sin la autorización de la Agència de l'Habitatge de Catalunya y a precios por encima de los máximos que marca este organismo del Govern en caso de permitirlo. Así lo ha detectado el gobierno municipal de Ada Colau, tras iniciar hace un año por primera vez una inspección sistemática de estas viviendas, que por el momento ha dado como resultado la apertura de 14 expedientes sancionadores contra esta práctica.

Lo ha anunciado este miércoles el concejal de Habitatge i Rehabilitació, Josep Maria Montaner, que ha contado que hasta la fecha se han visitado 1.500 VPO de compra de las 16.000 que hay en la ciudad y que esperan llegar a la totalidad en "unos cuatro o cinco años". Se trata de un trabajo de inspección que correspondería a la Generalitat, pero del que el Consistorio se ha hecho cargo tras un pacto con el Govern, de acuerdo con un artículo de la Ley del Derecho a la Vivienda que establece que a la hora de atribuir la competencia sancionadora, prima la actuación de la administración más cercana al ciudadano, es decir, el Ajuntament.

El equipo de Colau calcula que entre un 1,5% y un 2,5% de los pisos protegidos de Barcelona están vacíos o alquilados irregularmente, y para los propietarios responsables de ello, prevé multas de entre 90.001 y 900.000 euros, que se pueden recurrir. "El objetivo no es recaudatorio sino que se pretende recuperar la función social de las viviendas", ha asegurado Montaner.

También ha explicado que habitualmente el precio máximo de venta de las VPO es de 1.940 euros por metro cuadrado; y el de alquiler, de 6,40 euros el metro cuadrado; y que los propietarios que los alquilan sin autorización elevan el coste entre un 30% y un 50%.

El concejal ha señalado, asimismo, que los pisos de protección oficial pierden esta calificación en un plazo de entre 20 y 30 años y que cuando transcurre este tiempo las administraciones pueden dar permiso a sus dueños para venderlos. Ese es el motivo, ha dicho, por el cual existen propietarios que deciden "aguantar" estas viviendas y pagar los correspondientes impuestos aunque no las usen.

Para evitarlo, y para "garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad urbana", que exige destinar el 15% de los pisos de la ciudad a políticas sociales, el Ajuntament reclama al Govern y al Parlament de Catalunya que la VPO "sea conservada como tal de forma indefinida".

Los 14 expedientes abiertos corresponden a tres casos de Ciutat Vella, uno de Sants-Montjuïc, dos de Horta-Guinardó, cuatro de Nou Barris, uno del Eixample y tres de Sant Martí. En este último distrito, ya se ha resuelto uno contra propietarios de un piso de la calle Doctor Aiguader por dos infracciones: no vivir allí y destinarlo al alquiler sin autorización a un precio muy por encima de lo que se habría permitido.

El Ajuntament ha impuesto a los dueños dos sanciones de 90.001 euros por cada una de las infracciones. Además, los propietarios, que pueden recurrir, deberán devolver a la administración la cantidad percibida en concepto de alquiler que estaba por encima de lo permitido, es decir, 16.048 euros.

Hasta hace un año, ha apuntado Montaner, las inspecciones a VPO de compra se realizaban de forma "esporádica", normalmente cuando existía "una denuncia", mientras que ahora el Ajuntament actúa de oficio.

Cuando detecta pisos protegidos vacíos o alquilados, investiga las causas, ya que en casos excepcionales los propietarios pueden estar autorizados para no vivir en estas viviendas o alquilarlas, por ejemplo, "por motivos de trabajo o de salud", ha señalado el concejal.