"Optimista". Así se ha mostrado el Gobierno este viernes con la marcha económica actual de España al presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. El texto, para el que aún no cuentan con apoyos suficientes y cuya tramitación comenzará la semana que viene, prevé una rebaja de la previsión de crecimiento hasta el 2,2% y, al mismo tiempo, una bajada del paro en 800.000 personas para este año.

Las cuentas, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluyen un gasto social que abarca más del 57% del presupuesto total. Una de esas partidas, la de las pensiones, crece en un 6,2%. Asimismo, ha hecho varios anuncios de carácter fiscal, como la subida del Impuesto de Sociedades para las empresas grandes, el incremento del IRPF para los sueldos más altos o la bajada al 4% del IVA en productos de higiene femenina.

En total, el Gobierno estima una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% más que en 2018 y un 8,3% por encima e lo estimado en el Presupuesto del pasado ejercicio.

Algunas de las medidas que contemplan estos PGE se firmaron en el acuerdo con Podemos, como el aumento del permiso de paternidad a ocho semanas. Sin embargo, se han quedado fuera otras como la limitación del precio de los alquileres, sobre la que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha evitado responder a los periodistas. Montero ha intentado apaciguar ánimos asegurando que todo lo pactado con la formación morada se llevará a cabo durante este año.

El Gobierno tampoco ha detallado a cuánto ascenderán las inversiones previstas para Cataluña, en un guiño a los partidos cuyos votos necesita para sacar adelante las cuentas, aunque ha confirmado que serán "atractivas". Si el trámite sigue los pasos previstos, el debate a la totalidad de los presupuestos se produciría en la primera quincena del mes de febrero; el Ejecutivo confía en que salgan adelante.