En 37 días de vida, el decreto de vivienda que la semana pasada rechazó el Congreso provocó el alza de los alquileres de vivienda libre en el área metropolitana de Barcelona.

El decreto estuvo en vigor poco más de un mes, desde que el 18 de diciembre se publicó en el BOE hasta que decayó el 23 de enero tras ser rechazado en el Congreso. En ese tiempo, organizaciones defensoras del alquiler digno en Madrid y Barcelona ha registrado luces, pero sobre todo sombras, en su aplicación. Estas últimas se traducen en subidas de las rentas por contratos más largos y en resquicios por los que los propietarios se negaron a pagar los gastos como les correspondía.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera, detecta esta tendencia en la quincena de quejas que recibieron durante el tiempo que estuvo en vigor el decreto.

Admite que es pronto para tener datos más definitivos, pero el 100% de los casos analizados coinciden en que los propietarios encarecieron el alquiler porque "en plena burbuja" repercutieron al presente la expectativa de cómo estarán los alquileres dentro de cinco o siete años. "Han repercutido una subida imaginaria", dice.

Su organización, que es también un Observatorio del Alquiler, ha visto que si un propietario tenía que renovar un contrato no a tres sino a cinco años, imponía un aumento de 200 euros en lugar de 100. En el caso de propietarios que son personas jurídicas, como bancos y fondos de inversión, entre mitad de diciembre y mitad de enero los contratos alargaron su validez de tres a siete años. En este caso, han tenido constancia de subidas "light" y "otras peores", y siempre "escalonadas".

Bancos y fondos buitre pusieron por escrito que el precio del alquiler subirá a medida que pasen los años, también con mayores expectativas cuanto mayor es el plazo.

Como consecuencia, el decreto no logró contener los precios ni alargar la vida de los contratos para tranquilidad de los inquilinos. Palomera prevé que antes de que cumplan los siete años terminarán renunciando al contrato por no poder pagar el incremento.

Para este colectivo, que apuesta por regular los precios, los incrementos escalonados parten de que el decreto no modificó la norma de 2013 y dejó a las partes pactar la revisión del alquiler en lugar de vincularlo al IPC.

En Barcelona también tienen quejas por el pago de honorarios al formalizar el contrato. El decreto establecía que corrían a cargo del arrendador, pero dejaba la puerta abierta para que no fuera así, al hacer pagar al arrendatario cuando fuera este quien solicitara los servicios.

Palomera asegura que les han llegado casos de contratos en los que el inquilino era conminado a afirmar haber solicitado el servicio y, por tanto, comprometerse a pagar gastos equivalentes a una mensualidad o el 10% del importe anual.

Por todo esto, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona cree que el decreto fue "contraproducente". Ampliar la duración de los contratos sin regular precios no condujo a contenerlos, aducen.

El análisis que hace desde Madrid la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es diferente. También lo es el perfil de las personas con las que tratan. Según su portavoz, Mercedes Revuelta, a diferencia de la heterogeneidad de los inquilinos que se acercan al Sindicato de Barcelona, a la asociación de Madrid acuden las personas más vulnerables.

Las clases medias pasto de los "desahucios silenciosos", que tienen que dejar sus pisos en alquiler porque no pueden pagar las subidas, aún se "avergüenzan" y no recurren a ellos.

Por eso, la experiencia del decreto para Revuelta tiene que ver con los alquileres sociales que la PAH negocia en nombre de los inquilinos con la Sareb y fondos buitre. Dice que el efecto fue positivo porque permitió que "decenas" de contratos sociales que estaban a punto de expirar se prolongaran siete años más con condiciones tan ventajosas como las del Ivima, que fija un precio, unos 650 euros al mes, y añade bonificaciones que lo dejan en 250 y solo suben si mejora la situación económica del inquilino.

"Sobre la no aprobación del decreto tenemos una sensación agridulce", dice y lamenta que desde el 23 de enero los contratos vuelvan a ser de tres años.

Tanto en Madrid como en Barcelona se detectó que había propietarios que se resistieron a alquilar hasta que quedara claro si el Congreso convalidaría el decreto. En Madrid, Revuelta dice tener "precontratos" o acuerdos vía mail con una duración de siete años. Una vez derogado el decreto, dice, "haremos que valgan" con las reglas que duraron 37 días.

Según la portavoz de la PAH, tampoco funcionó con el decreto la suspensión durante un mes del desahucio si los afectados están en situación de vulnerabilidad, hasta que los servicios sociales les den una solución. "No tiene ningún efecto", dice y recuerda que esta disposición ya existía, sin que los jueces informen a los servicios sociales para poner en marcha la suspensión del desahucio.

El problema de fondo, dice Revuelta, es que no hay vivienda social suficiente, ni para familias que llevan décadas esperando una ni para alojar a las personas desahuciadas por no poder pagar el alquiler.

A la espera de ver si prosperan los intentos de Podemos de retomar el contacto con Fomento para hablar de alquiler, el ministro, José Luis Ábalos, comparece hoy en el Congreso a petición de distintos grupos. Explicará en la comisión de Fometno la gestión de su ministerio sobre la defectuosa conexión de tren entre Madrid y Extremadura y el mal estado de Cercanías en la Comunidad Valenciana.

Los grupos también le conminaron a hablar de la retención del Open Arms en el puerto de Barcelona y de la venta de suelo público en la Operación Chamartín.