Cinco años después de la tragedia del Tarajal, la causa sigue abierta y pendiente de declaraciones
Este martes se cumplen cinco años de la llamada 'tragedia del Tarajal', que supuso la muerte de 14 migrantes de origen subsahariano ahogados y la desaparición de un decimoquinto cuando un grupo "de número indeterminado" trataba de cruzar a nado la frontera del Tarajal (que separa Ceuta de Marruecos) y fueron "repelidos" por los agentes fronterizos disparando pelotas de goma y botes de humo.
Aquellos que alcanzaron las costas españolas fueron rápidamente devueltos a Marruecos sin un procedimiento judicial con garantías de ninguna clase, lo que se conoce como "devolución en caliente".
La actuación de las fuerzas de seguridad fue duramente cuestionada y de hecho 16 agentes fueron citados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta en calidad de imputados, acusados de delitos de homicidio imprudente, lesiones y prevaricación. Entre ellos había un capitán, un teniente y un sargento. Pese a ello, el ejecutivo de Mariano Rajoy respaldó la actuación de los agentes, con declaraciones explícitas del propio presidente y del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
La causa abierta se archivó en 2015, sólo para ser abierta de nuevo en 2017 (señalando en el auto la "dejadez o tibieza" a la hora de esclarecer la actuación de la Guardia Civil en el procedimiento anterior). Una vez más, se archivó en 2018 por falta de pruebas y se volvió a abrir en agosto de ese mismo año, de nuevo con un reproche explícito a la jueza anterior al constar en el auto que "no se realizó el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos".
Estos testigos, cuya declaración aún está pendiente, son dos supervivientes actualmente residentes en Alemania y un tercer testigo presencial residente en España propuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Actualmente, ya se ha cursado una petición a Alemania para que se pueda recoger el testimonio de los dos migrantes localizados en Alemania "por videoconferencia y en presencia de todas las partes personadas".
Además, se cursó una rogatoria a Marruecos para que aportase los informes de las autopsias practicadas a nueve de los fallecidos, aunque estos nunca han llegado a manos de las autoridades españolas, pese a haber sido reiterada en al menos tres ocasiones.
El tercer testigo es un ciudadano camerunés, residente legal y documentado en España, propuesto por la CEAR pese al rechazo de la defensa, coordinada por la Unión de Guardias Civiles, que ha calificado la participación de este testigo de "innecesaria, tardía e injustificada".
La Comisión Europea, a raíz del incidente, se pronunció en contra del empleo de la violencia disuasoria en las fronteras, afirmando que el uso de la fuerza debía limitarse exclusivamente a aquella "necesaria para la protección de la vida de los guardias" y calificó de "esencial" que se abriese una investigación completa para aplicar las "medidas disciplinarias adecuadas".