Los 12 acusados del juicio del 'procés' y los delitos por los que se les juzga en el Tribunal Supremo

Nueve miembros del Govern de Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de entidades soberanistas conocidos como 'los Jordis' se han sentado en las últimas semanas en el banquillo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo procesados por al menos un delito de rebelión, de desobediencia o de malversación de caudales públicos.

Así los declaró el juez Pablo Llarena en un auto de 69 páginas fechado el 21 de marzo de 2018 —a partir del cual las tres acusaciones formularon luego sus propias peticiones—, basándose en antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

Este miércoles, la Fiscalía y la Abogacía del Estado re reafirman en sus acusaciones respectivas de rebelión y sedición para la cúpula del 'procés'. El que fuera vicepresidente Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel .

Recuerda el auto de Llarena que el entonces vicepresident y conseller de Economía de la Generalitat firmó el 6 de septiembre de 2017 el decreto que fijaba las "normas complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación", con "consideraciones precisas" sobre censo, procedimiento de votación y escrutinio, entre otras cuestiones. Lo hizo poco después de que "la totalidad" del Ejecutivo catalán, "desatendiendo" al Tribunal Constitucional (TC), firmara el decreto de convocatoria de la consulta ilegal del 1-O.

Tres días antes de la celebración del referéndum, en una reunión de coordinación policial, tanto Junqueras como el conseller de Interior fueron informados por los Mossos del "grave riesgo de incidentes violentos". Conocían la decisión judicial de prohibir la consulta, pero "prefirieron ordenar la continuación del proceso" y "llamar a la población a la movilización y a la participación", e impulsaron "un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".

Recoge el auto que Turull impulsó la movilización independentista "desde sus funciones de portavoz" del Govern. También que desde la conselleria que lideraba, Presidencia, se crearon webs –como referendum.cat–, aplicaciones, plataformas y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum ilegal. Servían en concreto para "divulgar la forma de votación" y para reclutar a "miles de voluntarios" que se encargaran de la constitución de las mesas y de elaborar el "registro de catalanes en el exterior". Su control "era final y realmente ejercido"por Turull, quien también "gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum".

Recoge el auto que el conseller de Asuntos Exteriores impulsó "la creación de las estructuras del Estado" y buscó "el reconocimiento de la república catalana en el extranjero" a través del consorcio Diplocat. También intentó poner en marcha un mecanismo que permitiera votar por internet a "residentes en el extranjero" y gestionó la llegada de "observadores internacionales que dieran legitimidad al referéndum".

El auto destaca la "significada contribución al proceso" de Rull "desde que el 30 de marzo de 2015 firmó el acuerdo por la independencia con las entidades soberanistas" en representación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Ya como conseller de Territorio, tras intervenir en la convocatoria del 1-O, impidió que un ferri destinado a acoger a agentes desplazados a Cataluña pudiera atracar en Palamós, buscando "favorecer la celebración del referéndum y que la fuerza ciudadana tuviera la mayor proyección posible" para "forzar la voluntad del Estado".

Dos días antes del 1-O, la consellera de Trabajo asumió "el control de todos los locales dependientes"de su departamento "para garantizar su puesta a disposición del referéndum y asegurar su éxito". También permitió que su conselleria soportara "parcialmente el gasto derivado de imprimir las papeletas para la votación, así como de elaborar el censo" o de citar a los integrantes de las mesas electorales.

Recuerda el auto del Supremo que ya en la Diada de 2016 los presidentes de las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural "animaron" a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "a mostrar desobediencia" si el TC "la sancionaba por permitir la votación parlamentaria que abría la puerta" al referéndum.

Un año después, el 20 de septiembre de 2017, Sánchez y Cuixart "convocaron" y controlaron las movilizaciones ciudadanas contrarias a las detenciones y registros practicados por la Guardia Civil con los que se pretendía depurar responsabilidades e impedir la consulta. Añade el auto que estas concentraciones acabaron en "disturbios" muy distantes de "la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes".

Además, los líderes de ANC y Òmnium, aprovechando "su notoria capacidad de movilización colectiva", "impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran" a votar e "impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido".

Se especifica en el auto que Forcadell tuvo una "participación medular desde los primeros momentos del proceso de independencia como presidenta de la ANC".

Ya como presidenta del Parlament, contravino "las reiteradas prohibiciones y requerimientos" del Constitucional al someter "a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación" que servía "de coartada legitimadora al proceso".

En general, su participación fue "de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases" del proceso. Participó en las protestas del 20 de septiembre y, "conocidas sus consecuencias, arengó a la movilización en la concentración que, al día siguiente, se desarrolló ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Además, "recibió a los observadores internacionales que llegaron a Cataluña" en las horas previas a la votación, "para tratar de reforzar" su "imagen de legitimidad". En definitiva, determina el auto, puso "la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república".

Como el resto de los integrantes del Govern, el 6 de septiembre de 2017 los consejeros de Gobernación, de Justicia y de Empresa firmaron el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación "desatendiendo los requerimientos" del TC.

Además, formalizaron el acuerdo en el que autorizaban que sus departamentos "realizaran las acciones y contrataciones necesarias" para la realización de la consulta ilegal y dispusieron de fondos públicos para darles "un destino distinto" del previsto.

En el auto, Llarena declara también procesados al expresident Carles Puigdemont; a los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret; a la dirigente de ERC Marta Rovira, y a la diputada de la CUP Anna Gabriel. Ya en un auto del 11 de mayo de 2018, formó una pieza separada respecto de estos "declarados en rebeldía".

Así será la sala