El Gobierno dará este viernes un último plazo de 15 días a la familia Franco para que decida dónde enterrar al dictador

El Consejo de Ministros estudiará este viernes dar a la familia Franco un último plazo de 15 días para que proponga un nuevo lugar para inhumar los restos del dictador y, al término de este periodo, dará luz verde a la exhumación y decidirá el lugar de enterramiento, según fuentes del Ejecutivo.

El Ejecutivo insistirá en la "imposibilidad legal" de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena, como quería la familia, amparándose en un informe de la Delegación de Gobierno que apunta a "evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad".

Con ese informe en la mano, el Gobierno alega que enterrar a Franco en La Almudena conllevaría una "amenaza seria y significativa para los derechos y libertades para los ciudadanos, amenaza que "el Gobierno no puede asumir", como tampoco la "exaltación" que supondría mantener la tumba de Franco en un lugar accesible, abierto al público y con las características de la catedral.

Así, las fuentes alegan que el Gobierno ha dado "prioridad a la voluntad de la familia" para volver a inhumar el cadáver pero que, a menos que ésta señale un lugar compatible con la legalidad, el orden público y la seguridad ciudadana, la decisión corresponderá al Gobierno. De hecho, añaden que la decisión contará con todos los avales jurídicos necesarios.

La inhumación se hará en presencia de la familia y, con "máximo respeto" a la dignidad de ésta y con el decoro y el respeto propios de un acto de este tipo. Según las fuentes consultadas, el nuevo plazo de 15 días obedece a la intención del Gobierno de mantener "las máximas garantías" en el procedimiento para los familiares.

La inminente decisión del Gobierno se basará en argumentos jurídicos avalados por la Abogacía del Estado, según los cuales la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia sino de un mandato legal.

Así, sostiene que, si bien una autorización familiar hubiera facilitado el proceso, no existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún en el caso de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno.

En cuanto a la autorización de la Iglesia, considera que se circunscribe a inviolabilidad de un templo, esto es al acceso a la basílica y que, si bien es precisa para entrar, no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal. En última instancia, según este argumento, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros.

El Gobierno reconoce que el proceso de exhumación se ha extendido más de lo previsto y lo achaca al "comportamiento obstruccionista que han tenido los familiares de Francisco Franco" y otros interesados, como la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle.

Estos actores han presentado recursos a todos los trámites, han recusado 12 veces a la instructora del procedimiento y hasta se han querellado criminamlente contra ella y contra los funcionarios de los Ministerios responsables y de Patrimonio Nacional que estaban tramitando el procedimiento.

La querella ha sido rechazada, y también las denuncias presentadas ante los juzgados de primera instancia. Los afectados también han anunciado acciones futuras. El Gobierno, sin embargo, sostiene que el procedimiento administrativo se ha instruido "con escrupuloso respeto y seguimiento de las normas aplicables". Las fuentes consultadas subrayan que tanto el decreto-ley que dio origen al proceso como todo el procedimiento administrativo son consecuencia de decisiones parlamentarias adoptadas por mayoría absoluta.