Esta semana arrancó el que para muchos es uno de los juicios más importantes de la historia de la democracia en España: el que sienta ante el Tribunal Supremo a los líderes del independentismo catalán que propiciaron los eventos de previos y la convocatoria del referéndum ilegal por la secesión de Cataluña, el más conocido como juicio al 'procés'. Así transcurrieron las tres primeras jornadas:

Durante el primer día del juicio tuvieron lugar los turnos de los letrados de la defensa de los 12 encausados. En términos generales, basaron su estrategia en intentar desligitimar la causa, aduciendo supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales de sus clientes, aludiendo a una politización de la causa y llegando a pedir el aplazamiento o suspensión del juicio.

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, dijo que "hasta la libertad de culto se ha restringido, porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión", y lamentó que "unos inocentes lleven más de un año lejos de sus hijos". Defendió el derecho a decidir del pueblo catalán: "Esta causa atenta contra el derecho a protestar de los independentistas (...) A mí no me pueden explicar que montar un referéndum sea delito". Van en Eynde cree que a sus defendidos se les encarceló "para sacarlos de la arena política" y lamentó que "se les compara con terroristas, con nazis".

Por su lado, Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, dio un discurso lleno de sarcasmo, en el que comparó los delitos de los que se acusan a los imputados con una trama con autores intelectuales, cooperadores necesarios y autores materiales. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez (presidente de la Assamblea Nacional Catalana), explicó que se vulneraría el derecho a la no discriminación de su defendido si no podían expresarse en catalán, algo que haría que su defendido perdiera "espontaneidad". En términos similares se expresó Olga Arderiu, letrada de Carme Forcadell, que dijo que "si fuese juzgada en Cataluña, no tendríamos ningún problema con el idioma".

Fue también Jordi Pina quien lamentó que el rey Felipe VI no hubiera sido llamado como testigo: "Sería bueno para este procedimiento escuchar lo que nos tuviera que decir el rey de España". Por su lado, Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), amenazó diciendo que cuando su defendido acuda al Tribunal de Estrasburgo, "a quien van a condenar es al Estado español". Fue también Salellas quien dijo que "este juicio no debe empezar". Por último, Mariano Bergés, abogado de Dolors Bassa, dijo que "no es rebelión perseguir la secesión aunque fuese por cauces ilegales", y recordó el ejemplo del 23-F.

En el segundo día del juicio, llegó el turno de la Fiscalía. Su representante, Javier Zaragoza, contraatacó siendo muy contundente con la actuación de las defensas el día anterior: "Algunos escritos de las defensas, más que alegatos defensivos, parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad".

Zaragoza criticó la "injustificada denuncia masiva de violaciones de derechos fundamentales" que el martes realizaron las defensas. "Se pretende transformar en víctimas de persecución política a quienes han fracturado el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado", aseguró el fiscal de Sala. Y añadió que sí se ha vulnerado el derecho "de esa mayoría social silenciosa de Cataluña que representa casi un 60% del censo electoral que no participó (en la consulta ilegal del 1-O) a intervenir en una cuestión que le afecta muy directamente".

Asimismo, también recurrió a argumentos jurídicos y aseguró que el exvicepresident Junqueras y los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont intentaron "expulsar la Constitución y el estatuto de Cataluña del ordenamiento jurídico y sustituirlos por una realidad paralela", "realizar un proceso de segregación al margen de los procedimientos legales", usar para ello fondos públicos y "desobedecer de forma reiterada al Constitucional".

Por su lado, el fiscal Fidel Cadena recordó que "la soberanía reside en el pueblo español, y no se puede sustituir por la de ninguno de los pueblos que lo integren (...) El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. Cataluña no es solo de los catalanes separatistas, sino de todos". Este es el juicio del triunfo de la democracia, del Estado de derecho y de los principios de igualdad ante la ley", concluyó Cadena.

Fue en esta segunda jornada cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se mostró garantista al permitir que los acusados lucieran lazos amarillos en la sala, después de que la acusación popular, ejercida por Vox, presentara una objeción. Marchena aclaró que no tiene ninguna queja de la vestimenta de los letrados y sobre la posibilidad de que el lazo lo usaran los acusados, se remitió a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e interpretó que es un símbolo ideológico, por lo que no iban a obstaculizar su uso.

El jueves tuvo lugar el tercer día del juicio, en el que los protagonistas fueron el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Ambos optaron por estrategias diferentes. Si Junqueras prefirió no responder a las preguntas de las acusaciones, Forn no tuvo reparos en contestar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.

Oriol Junqueras apeló a los sentimientos recurriendo a palabras como "diálogo, "pacifismo" y "principios". Llegó a decir que "Yo amo a España, a la gente y a la cultura españolas, pero estoy convencido que el mejor modo de garantizar las buenas relaciones es un reconocimiento entre iguales". También dijo que "antes que demócratas somos buenas personas. No somos enemigos de nadie ni de nada". Junqueras dijo que "votar no es delito, en cambio, impedirlo a la fuerza sí" y manifestó su "voluntad de establecer diálogo político, absolutamente vigente".

El político de ERC dijo que el referéndum ilegal del 1-O "no les costó nada a los contribuyentes" y acusó a Policía y Guardia Civil de cerrar colegios electorales "con violencia". "Nosotros nunca fomentamos que la población se enfrentase a las fuerzas del orden", afirmó.

La estrategia del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, fue muy diferente: dijo reconocer la autoridad del Constitucional y separó sus competencias como conseller de su "compromiso político de apoyo" al referéndum. Dijo que condenó "que se destrozaran coches de la Guardia Civil" y que trasladó a los Mossos que su obligación era cumplir las órdenes de la Fiscalía y el TSJC. Asimismo, eludió responsabilidades: "Nos advirtieron de riesgos puntuales. En ningún momento se nos planteó que pudiera haber escenarios de violencia generalizada".

Este martes día 19 se reanuda el juicio.