El Supremo pone fecha a la declaración de Rajoy en el juicio del 'procés': testificará el próximo martes

El Tribunal Supremo ha puesto ya fecha a la declaración del expresidente Mariano Rajoy como testigo en el juicio al procés. Según la diligencia difundida hoy, su comparecencia tendrá lugar a las 16.00h del próximo martes, un día antes que la de su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y dos días antes que la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Con todo, el comienzo de las pruebas testificales se podría retrasar si se alargan las declaraciones de los acusados. Tras ser interrogados este martes el exconseller de Presidencia Jordi Turull y el de Exteriores Raül Romeva, aún deben pasar por el banquillo otros ocho procesados.

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En efecto, la jornada comenzó con el interrogatorio a Jordi Turull, que aceptó responder a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado pero rechazó contestar a las de la acusación popular (Vox). Tanto él como Romeva expresaron a la su malestar por la falta de un sistema de traducción simultánea para expresarse en catalán. "Las urnas, a día de hoy, no sé cómo se adquirieron y cómo llegaron a su destino", dijo en un momento de su exposición. Pero fue uno de los pocos en los que se situó al margen de los hechos en torno a la consulta ilegal del 1-O.

Igual que el exvicepresident Oriol Junqueras el jueves, Turull intentó dotar de un marco de legalidad a las acciones por las que se le atribuyen los delitos de rebelión y malversación. Así, por ejemplo, defendió que cuando firmó el decreto de convocatoria del referéndum ilegal no había recibido "ninguna notificación" judicial.

Alegó también que no se les podía denunciar por hacer un referéndum, "porque se despenalizó expresamente, en 2005, cuando se quitó del Código Penal" —un argumento que después emplearía también Romeva—, y que cuando él asumió la conselleria de Presidencia, Carles Puigdemont y él estaban " convencidos de que tal y como estaba trabajada, la ley del referéndum era perfectamente legal".

Aseguró que desde que él fue nombrado conseller, en julio de 2017, "no se gastó ni un euro en el referéndum", y si admitió que el 6 de septiembre de 2017 firmó el acuerdo del Govern que permitía destinar fondos públicos a la consulta del 1-O, matizó que después no hubo "ningún elemento fáctico de su desarrollo".

La violencia fue otro de los ejes vertebrales del discurso de Turull –que el tribunal considerara que fue empleada en el procés podría implicar una condena para algunos de los procesados por delito de rebelión–. Así, insistió en que la Generalitat actuó "por la vía pacífica". "La violencia no va con nada de ninguna reivindicación en Cataluña. Cataluña es pacífica. Somos el país de Pau Casals", reivindicó.

Raül Romeva comenzó diciendo que se considera "un preso político" en un "juicio político", y que por ello solo respondería a las preguntas de su abogado. Como Turull, quiso destacar el carácter no violento del procés –empleó decenas de veces los términos "cívico" y "pacífico"–. Pero uno de los puntos más controvertidos de su relato vino cuando se refirió a la jornada del referéndum ilegal.

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"Vi violencia, la que ejercieron de forma incomprensible e injustificada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que nos va a costar mucho tiempo olvidar por su crudeza e injustificación". "De la ciudadanía vi una resistencia pasiva que provocó una enorme cantidad de víctimas civiles", añadió.

También sustentó su discurso en los intentos del Govern por negociar y dialogar: "Llegamos a contar 20 intentos formales, como mínimo, de establecer un diálogo para afrontar una cuestión trascendental para las vidas de mucha gente", aseguró. "Lo sensato es negociar, pero en el ámbito político, no en una sala de lo penal", afirmaría luego.

Igualmente, se amparó en la supuesta legalidad de sus actuaciones: "Ni un solo tratado internacional prohíbe específicamente el derecho de autodeterminación, ni existe específicamente en la Constitución española. He hablado del derecho a decidir toda mi vida institucional, sin ningún problema ni rubor. Es legal y legítimo. No es delito. Es en sí mismo un instrumento de prevención de conflictos", sostuvo. "Lo que hemos hecho es legítimo. Quiero lamentar que si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron, y les pasaron a las tribunales la responsabilidad", sentenció Romeva.