El PP deja en manos de los empresarios sus restricciones a la comida basura

La Comunidad de Madrid pone a dieta su ley de salud pública. Entre el borrador difundido en octubre y el texto que el PP ha aprobado esta semana han pasado cuatro meses que han transformado las prohibiciones más mediáticas sobre obesidad en recomendaciones.

Por ejemplo, el Ejecutivo ha optado por hacer desaparecer la obligación de que las máquinas de venta automática reserven "al menos" un 30% de sus productos a alimentos "saludables", como fruta, verduras o lácteos. Ahora, la Consejería de Sanidad rebaja sus aspiraciones y se limitará a "promover" que las empresas encargadas de estas expendedoras varíen su oferta de fritos y dulces. De paso, se esfuma la mención explícita a controlar lo que deciden dispensar en "centros sanitarios, educativos o deportivos".

La Comunidad también ha suprimido la "limitación" por ley de las actividades comerciales que incluyan consumos "irresponsables o indiscriminados", como los reclamos con "barras libres" de alcohol y bebidas azucaradas o las raciones con "denominaciones" tipo "XL" o "maxi". De nuevo, la norma reduce este punto a instar a la "colaboración voluntaria" del empresariado afectado, de pymes a gigantes de la restauración, la distribución o el ocio nocturno.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el gabinete de Ángel Garrido sí mantiene que se garantice el acceso al agua potable en lugares públicos, pero recula en su intento por impedir negro sobre blanco que, por ejemplo en estaciones, nada más que haya aseos de pago: ahora, matizan, deberán ser "preferentemente" gratuitos.Por otra parte, Sanidad suprime la obligación de que los empresarios de alimentación estén obligados a garantizar "la competencia lingüística mínima en castellano" de sus trabajadores.

Con todo, el vicepresidente Pedro Rollán aseguró el martes tras el Consejo que aprobó el proyecto que la redacción final goza de "un consenso muy abultado", ya que se había sometido al examen de una treintena de asociaciones. A preguntas de la prensa, se mostró confiado en que se apruebe esta legislatura, pero, a 27 días de que la Asamblea eche el cierre, es algo sobrehumano. La ley cuenta con un centenar de artículos sobre una enorme cantidad de áreas (no solo sobrepeso, también adicciones, seguridad laboral, higiene o vacunación), con lo que su debate en comisión –el siguiente paso natural– podría demorarse meses.

Para acortar la burocracia, el Gobierno puede pedir la tramitación como lectura única, lo que implica que los partidos de la oposición no puedan mover una sola coma de lo que quiere el PP. Rollán ya deslizó que solicitarán "a varios grupos políticos" que "directamente" se apruebe "el texto en su conjunto". Una apelación directa a Ciudadanos, su socio estos cuatro años, que tiene en su mano apoyar la vía exprés o mandar el texto a un cajón.