Las familias reclaman cambios en la compra pública de alimentos para mejorar los comedores escolares

Las administraciones españolas gastan unos 3.000 millones de euros al año en servicios de restauración y suministro de alimentos, según los cálculos de Justicia Alimentaria. El porcentaje más amplio de compra pública de alimentos es para los colegios, que se sitúa en torno al 57%, seguido por los hospitales y centros penitenciarios, de acuerdo a las cifras que maneja Ecocomedores. Esta plataforma es una de las impulsoras del manifiesto lanzado para pedir un cambio en la compra pública alimentaria, para que sea más sana y sostenible, y que actualmente recaba apoyos a través de Change.org.

La portavoz de Ecocomedores Madrid, Isabel Fernández, remarca que "como administración pública, siembras modelos. Si mejoras la alimentación, mejoras la salud". En España en torno al 40% de los niños padece obesidad o sobrepeso, "un porcentaje altísimo y ligado a otras enfermedades como la diabetes. Tenemos, incluso, niños hipertensos. Enfermedades que se cronifican y que precisamente son las que mayor gasto causan a la Sanidad Pública", continúa Fernández.

Cambiar el modelo de compra pública de alimentos significa "un cambio radical" porque implica, entre otros aspectos, "una gestión más transversal incorporando a todos los actores que intervienen en la redacción de los pliegos de los concursos públicos, y cuyos aspectos nutricionales actualmente se basan en las recomendaciones de la Fundación Española de Nutrición, de la que forman parte grandes empresas alimentarias", expone.

"Una de las grandes trabas es la legal", porque cuando se traspasan las competencias en Educación del marco estatal a las comunidades, "en Madrid, por ejemplo, no se recoge la gestión directa como sí contempla el marco estatal. Ahora mismo las familias estamos muy atadas, tenemos voz pero no voto para opinar sobre las empresas que prestan el servicio de comedor en los colegios. Sin embargo, nosotras las pagamos y nuestros hijos comen de ese servicio. Somos consumidores cautivos", lamenta Isabel Fernández.

Ahora mismo, según explica esta madre comprometrida del CEIP Emilia Pardo Bazán, no existe ninguna obligación más allá de darnos el menú y de contabilizar las calorías, los hidratos y a veces los azúcares del mismo. "Pero con esa información no sabemos el origen de los alimentos ni la calidad de las calorías. No pedimos un cambio del menú a todo ecológico, sino menús equilibrados con alimentos de temporada y frescos, sin fritos, sin procesados, sin productos de cuarta y quinta gama. Esto implica muchos cambios de gestión que tienen que ir acompañados de formación del personal del comedor, porque tendrán que pasar de abrir bolsas de verduras ya cortadas a lavarlas y cortarlas ellos mismos", abunda.

La obesidad es unos de los efectos de la pobreza severa en los niños españoles y a medida que el entorno socioeconómico es más bajo, mayores son los índices de sobrepeso. En este sentido, "la escuela tiene la capacidad de igualar a todos los niños en cuanto al acceso a la comida saludable", defiende Fernández.

Desde la cooperativa Garúa, Abel Esteban, ahonda un poco más en el tema. El contrato que tiene la Comunidad de Madrid con las empresas que gestionan los comedores escolares —la externalización es obligatoria— no contempla incorporar productos ecológicos y de proximidad, y los criterios ambientales solo pesan un 1% en la licitación. "Esto hace que la empresa rechace los cambios que puedan pedir las familias".

En las escuelas infantiles municipales, dependientes del Ayuntamiento, es diferente. "La actual corporación decidió desvincularsede la Comunidad de Madrid, que en las últimas licitaciones había primado las ofertas económicas a la baja, y sacó sus propios criterios apostando por una mejora en la alimentación", explica. Como resultado, "todas las escuelas infantiles municipales se han comprometido a ir incorporando productos ecológicos por grupos, para el próximo curso serían cuatro".

En este sentido, los agricultores de la Cooperativa El Grillo Agroecológico, que abarca 11 hectáreas en Rivas Vaciamadrid, reclaman a los políticos "que pongan en marcha medidas que hagan posible que en los menús de los comedores escolares y universitarios se potencie la compra de producto local". Según uno de sus productores, Javier Pérez, esta finca agrocológica genera, además, "el triple de puestos de trabajo que las cientos de héctareas de monocultivo de cereal no ecológico" que tienen al lado.