Vox pide al Gobierno andaluz los datos personales de los trabajadores de las unidades de violencia de género
- Francisco Serrano ha alegado que estos funcionarios realizan informes "no cualificados e ideologizados".
- El líder del partido ultraderechista en Andalucía solicita "nombres, apellidos y número de colegiados".
El diputado de Vox, Francisco Serrano, ha solicitado al Gobierno andaluz a través del Parlamento autonómico los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las unidades de Violencia de Género entre los años 2012 y 2019.
La petición viene recogida en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, dirigido a la Presidencia del Parlamento de Andalucía con fecha 15 de febrero pero registrado en la Cámara el día 20 del mismo mes.
En el documento, Francisco Serrano demanda una "relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género".
Están "ideologizados"
"Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos no están ni siquiera colegiados", explican desde Vox sobre esta petición, adelantada por el diario Abc.
El dirigente del partido ultraderechista en Andalucía ha señalado en las redes sociales que estos funcionarios "están altamente ideologizados". "Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños", ha escrito en Twitter.
Entre los años 2012 y 2019
También reclama los nombres de los miembros de los "Equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre los años 2012 y 2019 completos".
La petición de Serrano se acoge al amparo del artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información, aunque respetando de ley de Protección de Datos.