Elecciones Generales

Avalancha de decretos leyes del Gobierno en plena precampaña electoral

Legislar hasta el último día. A pesar de la convocatoria de adelanto electoral para el 28 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez continuará gobernando a base de decretos leyes en las próximas semanas, incluso después de que se disuelvan las Cortes el 5 de marzo, empleando para ello la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume todas las facultades.

Sin ir más lejos, este viernes el Consejo de Ministros ya dio luz verde a dos reales decretos leyes: para apoyar a los científicos jóvenes y de medidas económicas urgentes para Baleares. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apostaba esta semana por "seguir gobernando" y sacar adelante medidas a través de reales decretos leyes "con consenso". "Lo que queremos es sacarlas y que terminen en el BOE, que es desde donde surten efectos jurídicos", insistió.

Este aluvión de normas que pretenden aprobar, muchas de carácter social, llegarán así en plena precampaña electoral. Asimismo, distan mucho del tipo de decretos que vieron la luz en situaciones similares en anteriores legislaturas, relacionados con medidas para paliar catástrofes naturales, como la de 2011 en Lorca.

Entre las medidas que el Ejecutivo tiene sobre la mesa se encuentra la Ley de Igualdad Laboral, que obligará a las empresas a crear un registro salarial —desagregado por sexos y distribuido por grupos profesionales—, que servirá a los sindicatos para la negociación de los convenios, así como un plan de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores.

En ese mismo borrador se incluye además la ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas, así como del permiso de lactancia.

Pensiones y derogación de la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo continuará trabajando con los agentes sociales para alumbrar varios decretos leyes relacionados con la reforma de las pensiones y la derogación parcial de la reforma laboral, tal y como dejó caer este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y avanzó esta semana la ministra Valerio. A ellos se sumaría otro real decreto sobre el plan de empleo para parados de larga duración.

No obstante, el rechazo de Podemos a apoyar las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones complica que esta medida pueda salir adelante.

Más dinero para las comunidades

A escasos meses de que también se celebren las elecciones autonómicas —salvo en Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía—, el Ministerio de Hacienda prevé aprobar otra serie de medidas que fueron tumbadas al no salir adelante los Presupuestos de 2019. Una de ellas es la inyección de 105.282 millones a repartir entre las comunidades autónomas, y que suponen 9.300 millones más de lo que recibieron en 2018.

Parte de ese importe vendrá de lo recaudado con el incremento de los ingresos en impuestos como el IRPF o el IVA, así como de los Impuestos Especiales. Además, la parte que antes recaudaban las autonomías del Impuesto de Hidrocarburos ha pasado a ser competencia del Estado desde 2018.

El Gobierno ha explicado que esta medida busca garantizar los recursos de las autonomías, muchas de las cuales ya han diseñado sus presupuestos para 2019 contando con ese importe.

Además, seis de las 13 comunidades que el 26 de mayo celebrarán elecciones —Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura— están gobernadas por el PSOE, de ahí el interés en que este decreto ley se apruebe.

'Brexit'

Asimismo, Isabel Celaá avanzó este viernes que el presidente del Gobierno está "ultimando" el real decreto ley de medidas de contingencia en el caso de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea sin acuerdo. "Lo veremos en seguida", aseguró en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

El real decreto, que el Gobierno anunció el pasado mes de enero y que se aprobará solo si hay brexit sin acuerdo, abordará asuntos como los derechos de ciudadanía, la residencia de los británicos en España, la seguridad social, la asistencia sanitaria y el reconocimiento de títulos académicos y profesionales.

Celaá subrayó que, en cualquier caso, "con o sin acuerdo, el tema de Gibraltar está perfectamente arreglado" y "completamente garantizado".

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