Nieto culpa a los Mossos en el juicio del 'procés' por permitir el referéndum el 1-O

José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, protagonizó este lunes una de las declaraciones más esperadas en el juicio del procés, pues fue el encargado de coordinar el dispositivo policial aquella jornada. Y al contrario que el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, que en su declaración del jueves se lavó las manos y trasladó toda responsabilidad a sus subordinados, Nieto sí dio la cara y asumió la toma de decisiones.

"Estoy convencido de que si los Mossos de forma clara y evidente hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum no se hubiese celebrado porque se habría desconvocado", afirmó Nieto, que, ante las preguntas de la Fiscalía, denunció la inacción de la policía catalana el 1-O: "Su dispositivo fue claramente insuficiente, ineficaz y diría que en algunos casos respondía a otro objetivo, no al de impedir el referéndum, sino a dar una apariencia de normalidad a algo que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). No mostraron el más mínimo interés en cumplir el mandato judicial".

Revelador fue su relato de la reunión que mantuvo con el Govern tres días antes del referéndum para, teóricamente, preparar el dispositivo policial del 1-O: "Todo fue bastante surrealista. Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes lo habían convocado. Nadie nos trasladó nada que tuviera que ver con el plan operativo y sí excusas que justificaran que no se llevara a cabo".

El exnúmero 2 de Interior también declaró que "la confianza en los Mossos ya era mínima" tras aquella junta de seguridad a la que asistieron Carles Puigdemont; el exconseller de Interior Joaquim Forn; el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos; y el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Sobre este último, pendiente de juicio por rebelión en la Audiencia Nacional, dijo que "su alineación con el Govern era total" y sobre Forn, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación, apuntó que solo intervino dos veces: "Una para reprochar a De los Cobos por interpelar a Puigdemont de forma poco respetuosa y otra para mostrar su desacuerdo con el dispositivo".

Subrayó que, al final, el 1-O se dio "el peor de los escenarios" posibles: "Los Mossos no actuaban y, además de que teníamos que actuar solos, hubo un nivel de resistencia mayor del previsto". Defendió, eso sí, el ejercicio de la Policía Nacional y la Guardia Civil: "El uso de la fuerza fue el mínimo imprescindible. Se hizo de una manera ejemplar". Y criticó la tergiversación del independentismo: "Le dieron la vuelta a la realidad. Lo normal es que la Policía actúe para evitar un delito y que los ciudadanos respeten esa actuación. Aquí se veía haciendo algo malo a la Policía que defendía la legalidad y no al que trataba de vulnerarla".

En otro punto de su declaración, Nieto aseguró que el Gobierno llegó a ofrecer a la Generalitat la posibilidad de hacer un referéndum simbólico: "Se pudo haber simulado ese referéndum en las plazas de los municipios o en lugares abiertos no recogidos en el auto judicial. Así se les trasladó". Sin embargo, el Govern se negó: "Vimos que había determinación absoluta de sostener y mantener el 1-0".

En su declaración de más de cuatro horas también apoyó la tesis de la Fiscalía sobre el carácter violento de las protestas frente a la conselleria de Hacienda el 20-S. Dijo haber vivido aquel "tumulto" con "mucha preocupación por la seguridad" de los guardias civiles y la comisión judicial que participaron en el registro y calificó de "muy serios" los daños sufridos por los coches del cuerpo armado. Añadió que las protestas "no fueron espontáneas" porque "había una organización detrás".

Otro que declaró este lunes en el Supremo fue el president del Parlament, Roger Torrent, que defendió la actuación y el relato de su predecesora, Carme Forcadell, acusada de rebelión por permitir la tramitación de las llamadas leyes de desconexión: "La presidenta no podía hacer otra cosa que admitir a trámite esas propuestas. Yo hubiese hecho lo mismo". Y recordó que la Mesa del Parlament "es un órgano político, no censurador, que debe proteger el parlamentarismo". Además, destacó que aquella normativa "se aprobó, pero no tuvo efectos jurídicos".

Su declaración, sin embargo, fue rebatida por los siguientes testigos, José María Espejo (Ciudadanos) y David Pérez (PSC), ambos miembros de la Mesa durante las fechas clave del procés, quienes afirmaron que ese órgano tenía "la obligación" de inadmitir a trámite las leyes de desconexión dado a que el TC las había declarado ilegales.

"Era palmario y evidente que se estaban admitiendo unas iniciativas en frontal oposición con el Constitucional y los letrados del Parlament nos lo estaban advirtiendo", declaró Espejo, que aseguró que el TC les notificó personalmente la orden de impedir esas tramitaciones y de sus consecuencias penales.

Esas declaraciones fueron reforzadas después por Antoni Bayona y Xavier Muro, exletrado mayor y exsecretario general del Parlament, que explicaron que hubo "bastantes" advertencias de los letrados de la Cámara, orales y escritas, para no admitir esas tramitaciones.

Este lunes no hubo tiempo para más y no pudieron declarar todos los testigos previstos, como el exdelegado del Gobierno Enric Millo, que abrirá este martes la undécima jornada de juicio.