El mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid tendrá una nueva remesa de imputados y testigos que desfilarán por delante del juez Santiago Torres por su presunta implicación en la red ilegal de tráfico de licencias para locales, informaron fuentes próximas a la investigación.
Las comparecencias se producen a propósito de las declaraciones realizadas por varios imputados ya en la causa que han citado a otras personas hasta entonces al margen de la investigación. Para no dejar flecos sueltos, el magistrado les llamará a declarar para aclarar las nuevas acusaciones.
Pese al carpetazo de la comisión municipal de investigación, el instructor de las diligencias judiciales sigue adelante con la causa, en la que se investiga a medio centenar de personas, entre funcionarios, empresarios que actuaban de intermediarios entre los clientes y los empleados municipales, y los dueños de los establecimientos.
Aunque haya fracasado la investigación política, Torres delimitará en los próximos meses la responsabilidad penal de aquellas personas que se hayan beneficiado de algún modo de la trama corrupta que llevaba años campando a sus anchas por la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y 17 de las 21 Juntas de Distrito que integran la capital.
El juez decide sobre el recurso socialista
El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid está a la espera de conocer el contenido de la auditoría que encargó realizar a la empresa Tragsa sobre la tramitación de los casi 200 expedientes de licencias que están bajo la lupa de la investigación.
Los resultados de este informe serán decisivos para que Torres resuelva a favor o en contra el recurso interpuesto por los socialistas madrileños contra la denegación de imputar a catorce cargos del Consistorio por su supuesta vinculación a la trama ilegal, en contra del criterio del fiscal César Estirado.
En primer término, el juez rechazó la petición del PSOE por "irrelevante" e "improcedente", si bien no descartó la posibilidad de imputar a alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios apuntados por los socialistas, supeditándolo a las conclusiones de la auditoría.
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