Un grito de furia colectiva atravesó la fachada de la Audiencia de Navarra hacia el interior de la sala en el momento en el que el presidente del tribunal leía la condena por abusos, y no por violación, a los cinco sevillanos de La Manada.

Ha pasado ya un año desde ese estremecedor instante en la lectura pública de la sentencia de Sanfermines, que no dejó a nadie indiferente. Las partes, y la sociedad española en su conjunto, siguen muy pendientes de cómo respira el Tribunal Supremo, que ahora mismo estudia si la víctima fue o no intimidada en un angosto portal de Pamplona esa madrugada de 2016.

Mientras llega el fallo definitivo y con los condenados en libertad, el caso ha servido de catalizador del movimiento feminista español y ha marcado con fuerza la reciente campaña electoral.

La madrugada del 7 de julio de 2016 una joven madrileña de 18 años pensó que un grupo de chicos sevillanos iba a acompañarla hasta su coche, donde se disponía a descansar, pero en el camino la llevaron a un portal. La penetraron varias veces y lo grabaron. Después le quitaron el móvil y la dejaron sola, tirada y semidesnuda.

Hace ahora un año se dio a conocer la sentencia. La sección segunda de la Audiencia de Navarra condenó a los acusados por abusos sexuales continuados, un delito de menor entidad que la agresión sexual, al no hallar pruebas de violencia ni de intimidación en los hechos probados.

El fallo, avalado por dos de los tres magistrados, reconocía sin embargo que hubo "prevalimiento", un agravante que permitió elevar la pena a 9 años de prisión, pero que trajo ríos de tinta por la delgada línea que lo separa del concepto de intimidación, que hubiera procurado una condena por agresión sexual. La sentencia contó, además, con un voto particular del juez Ricardo González, partidario de la absolución de los cinco acusados por considerar que hubo "jolgorio".

La decisión de la Audiencia no dejó contento a nadie. Hubo manifestaciones en protesta en decenas de municipios de toda España.

La denunciante y los condenados recurrieron la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Medio año después, en diciembre de 2018, el TSJN confirmaba la sentencia, los abusos sexuales y los 9 años de condena. Pero esta vez el voto particular de dos de los cinco magistrados abría la puerta a considerar lo ocurrido como agresión sexual por apreciar intimidación.

Lo último del caso es que la fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido esta sentencia del TSJN y pide elevar la pena a 18 años de prisión para cada uno al considerar que existió agresión sexual con "intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima". Días antes era el abogado de los cinco miembros de La Manada el que pedía su libre absolución al Alto Tribunal, alegando falta de credibilidad de la víctima y presiones mediáticas.

El Supremo suele demorar entre seis meses y un año en dictar sentencia en un caso de estas características. Hay quienes vaticinan que el fallo definitivo y clarificador llegará en verano. En el Supremo no hacen futuribles,  tampoco saben si los cinco magistrados adelantarán la decisión en audiencia pública.

La falta de unanimidad judicial ha sido una constante en el caso de La Manada. Ni en la Audiencia, ni en el TSJN se pusieron de acuerdo todos los jueces implicados. Las discrepancias de criterio se revelaron incluso a la hora de decidir sobre la libertad de los condenados. Tras casi dos años en prisión provisional, dos magistrados de la Audiencia decidían su liberación, una postura no avalada por el tercer magistrado, y presidente del tribunal.

La polémica sentencia puso encima de la mesa una urgencia por reformar el Código Penal en lo concerniente a la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España.

El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró tras el fallo que estaban "con la víctima" y que si hacía falta se cambiaría la ley. Su ministro de Justicia, Rafael Catalá, convocó por primera vez en años a un órgano consultivo, la Comisión General de Codificación, para elaborar un informe sobre la reforma de los delitos sexuales.

Esta comisión de expertos llegó envuelta en la polémica porque estaba constituida íntegramente por juristas varones. El Ministerio de Justicia, ante las críticas, decidió hacerla paritaria antes de permitirle iniciar sus trabajos.

Finalmente fueron 15 mujeres y 13 hombres juristas los que propusieron al Gobierno unificar todos los delitos contra la libertad sexual en agresiones, eliminando el delito de abuso sexual, con penas más altas en función de los agravantes. Convinieron también que las agresiones "en manada" debían entrar en el Código Penal, como agravante.

En el Parlamento, Unidas Podemos planteó una ley que pusiera el consentimiento en el centro del delito sexual, saltando del paradigma "no es no" al de "solo un sí es sí". La vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, defendía en reiteradas ocasiones que el consentimiento afirmativo expreso debía introducirse en los delitos sexuales. El adelanto electoral del 28-A frenó la tramitación.

Por tanto, la legislatura que empieza tras las elecciones de este domingo seguirá marcada por el reto de la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE llevan propuestas electorales a este respecto en sus programas. Van desde medidas de prevención, asistencia y protección hasta la ley del consentimiento.

Amnistía Internacional presentó en noviembre de 2018 un informe demoledor sobre los fallos en la asistencia a las mujeres que sufren agresiones sexuales en España. En él proponía, además, varias soluciones urgentes: mejores estadísticas, coordinación administrativa, teléfonos especializados, protocolos sanitarios o asistencia letrada gratuita e inmediata para las víctima.

El último balance del Ministerio del Interior, publicado en febrero, revela un alarmante incremento de las denuncias por violaciones en 2018 en España. Alcanzaron las 1.702 y son un 22,7% más que el año anterior. Esto supone cuatro denuncias por violación de media diarias en el país, a las que añadir otras 13.811 denuncias más anuales por otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

La agresión grupal de Sanfermines atrajo la atención hacia una forma de proceder que se ha revelado más habitual de lo que parecía. De hecho, el término 'Manada' con el que los cinco sevillanos se hacían llamar en su grupo de whatsapp ha pasado a definir cualquier agresión sexual cometida por dos o más varones contra una mujer.

Las agresiones en manada copan los titulares informativos. El portal Feminicidio.es ha documentado 104 casos desde la de Sanfermines (2016). En lo que va de año, son al menos catorce.  Al menos 87 de los agresores eran menores de edad en el momento, esto es uno de cada cuatro. Por su parte, de 111 víctimas registradas, una de cada tres era menor de edad (40, el 36%). El 13% de las agresiones fueron "pornificadas por los agresores", esto significa que fueron fotografiadas o grabadas, denuncia Feminicidio.

Este año se han denunciado violaciones en grupo en Callosa d'En Sarrià (Alicante) o Azuqueca de Henares (Guadalajara), y este mismo viernes, 26 de abril de 2019, se ha conocido el encarcelamiento de dos hombres por agredir sexualmente a una mujer en Noja (Santander).

Los expertos coinciden en que los programas de sensibilización y formación y una educación afectivo sexual y en igualdad desde la escuela son las respuestas para erradicar todas las manadas.

Durante el juicio a los cinco sevillanos en la Audiencia de Navarra, en 2017, miles de jóvenes se echaron a la calle detrás de pancartas en las que se leía "Yo sí te creo". Aspiraban a arropar a la víctima y criticaban duramente al sistema judicial por un tratamiento más hostil a la denunciante que a sus agresores. Sobre todo tras la admisión del informe de un investigador privado con seguimientos a la víctima en su vida privada.

La sentencia de la Audiencia soliviantó todavía a más mujeres y hombres. Las principales ciudades españolas se vieron colapsadas en protestas consecutivas bajo el grito de "No es abuso es violación". En masa volverían a tomar las calles en el mes de junio, cuando la Audiencia decretó la libertad de los cinco condenados, que regresaron de Pamplona a Sevilla.

El caso de La Manada supuso un catalizador para el movimiento feminista. Se vio en el masivo 8 de marzo, día de la mujer, de 2018 y se constató en la efeméride de este año, la segunda huelga de mujeres por la igualdad y la más numerosa manifestación feminista de la historia de España.

Además, y en la estela del fenómeno global del #MeToo, en España el caso generó el movimiento #Cuéntalo. En unos pocos días de diciembre de 2018, unas 40.000 mujeres narraron en primera persona en las redes sociales ejemplos de violencias machistas padecidas en sus vidas.

La fuerza de las denuncias de violencia contra la mujer y otras desigualdades de género ha llevado al feminismo a ser protagonista de las páginas de política nacional. El gobierno de Pedro Sánchez, que tomó posesión tras la moción de censura de junio de 2018, se convirtió en el más femenino de la historia y de todas las democracias occidentales.

La agenda violeta se ha colado también en campaña. Con propuestas en los programas y agrios debates. El del consentimiento sexual explícito en los delitos sexuales ha enfrentado duramente al Partido Popular con el PSOE. En televisión,  la popular Cayetana Álvarez de Toledo preguntó a las socialistas si siempre dicen "sí, sí, sí" en las relaciones, y criticó la victimización de las mujeres. Días después era Pedro Sánchez quien pedía a Pablo Casado que recordara a sus candidatas que en las relaciones sexuales solo "sí es sí".